La confrontación entre Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía en el conflicto de la ayuda a domicilio ligada a la Ley de Dependencia demuestra la falta de escrúpulo de los dirigentes que han tomado como rehenes a 200 trabajadores y 429 enfermos que precisan el servicio y que después de Semana Santa podrían dejar de estar atendidos si la huelga indefinida planteada se ratifica en asamblea. Vale que la Junta de Andalucía protagonizó retrasos en los pagos el año pasado que ahogaron más aún la situación financiera tanto del Ayuntamiento como del empresario de Multiservicios Jabalcuz, que es quien presta el servicio; vale que el alcalde denunciara el convenio en el mes de diciembre, porque era cierto que el Ejecutivo andaluz lo estaba incumpliendo con sus impagos (al igual que en otras capitales de provincia, cuidado); pero una vez que un auto del juez dejó sin efecto el acuerdo plenario que denunciaba el convenio e instaba al Ayuntamiento, aunque lo hubiera denunciado en tiempo y forma, a retomar el servicio tal y como estaba antes de aquel acuerdo plenario, el perjuicio de depositar el dinero de la Dependencia en el juzgado, porque ahora la Junta sí está cumpliendo con sus pagos, es, cuando menos, una irresponsabilidad política que está condenando a la empresa que presta el servicio, a las doscientas trabajadoras y a más de 400 jienenses que precisan de esta ayuda y que nuevamente en lo que va de mandato podrían quedarse sin ella. Y todo, sin una maldita reunión entre administraciones.