Los antiguos trabajadores de Primayor (antes Cárnicas Molina) cumplen ahora siete años desde que fueran despedidos de la empresa tras la suspensión de pagos y el posterior expediente de extinción presentado para 148 empleados. Siete años en los que han visto como todas las promesas que se les hacían para la recolocación en otros centros de trabajo se han ido incumpliendo una tras otra.
Precisamente, ahora se cumplen también seis años desde que se firmara en el Ayuntamiento de Jaén el protocolo, según el cual el grupo Dhul y la firma eólica Proasego invertirían 140 millones en dos plantas de producción donde se recolocarían los despedidos de Primayor. El Ayuntamiento, que entonces presidía la socialista Carmen Peñalver, se comprometió a calificar el suelo rústico como industrial, mientras que la Junta comprometió incentivos a las dos empresas.


Sin embargo, ese acuerdo, rubricado en el salón de plenos del Ayuntamiento jiennense, se truncó con la quiebra del grupo Dhul, que dejó a medio construir la nave en el polígono Nuevo Jaén (hoy en estado de abandono y saqueo), y la posterior renuncia de Proasego. Pero es a ese protocolo al que quieren agarrarse un grupo de afectados, que han decidido judicializar este conflicto  y estudian denunciar los incumplimientos  tanto de las empresas como de las Administraciones.


En realidad, se trata de un pequeño colectivo de trabajadores los que han decidido emprender la vía judicial. El resto no seguirán sus pasos, bien por escasa fe en el resultado final o por motivos económicos. “Es muy difícil que un protocolo de intenciones pueda tener efectos jurídicos”, admite José Mira, que fuera miembro del comité de empresa de Primayor y ahora contempla, resignado, el olvi do de este colectivo, que siguen reuniéndose todos los martes en la plaza de Las Batallas rememorando la acampada que protagonizaron durante más de un año en ese mismo lugar. La mayoría de los extrabajadores ha agotado ya cualquier prestación económica.

El caso de los ERE, un jarro de agua fría

Primayor fue el embrión de Cárnicas Molina, una industria cárnica que en los años noventa fue líder en Andalucía. La Junta de Andalucía asumió la tutela de la empresa cuando llegaron los problemas económicos, y también intentó la recolocación de los extrabajadores tras el cierre de Primayor. Sin embargo, el escándalo de los ERE puso a esta empresa bajo sospecha (de aquí salió Juan Lanzas, el conseguidor, uno de los principales imputados de la trama) y son muchos los trabajadores que piensan que este caso ha influido para que otras empresas desistan de sus intenciones de recolocar a la plantilla.