Responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) registraron ayer en la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía de Jaén un escrito solicitando que se reconozca en la Ley de Aguas el derecho de la ciudadanía a no verse privada del suministro de agua por razones económicas, estableciendo un mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad económica.
Desde la Plataforma se han fijado como objetivos que se exceptúe el mínimo vital del pago del tributo autonómico ‘canon de mejora’ regulado en la citada Ley.
Solicitan que en el reglamento de desarrollo de la Ley, se defina el concepto de ‘personas en situación de vulnerabilidad económica’, se incluya el mínimo vital en el sistema tarifario obligatorio para las empresas de agua, se regule el procedimiento para su aplicación y se considere esta circunstancia en el procedimiento de suspensión por impago al objeto de evitar cortes de agua a personas vulnerables económicamente.
Recuerdan que a pesar de tener esta competencia la Junta, no ha reconocido el derecho humano al agua en la normativa autonómica: Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía y Decreto 120/1991 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua.
