La empresa Col-Servicol, la única presentada a la licitación para el servicio de comedores de los 37 colegios de la provincia desatendidos desde el 15 de octubre, ha presentado en plazo la documentación y ahora, la dirección general de la Empresa Pública Andaluza de Educación (APAE) la valorará y revisará.
El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado en el Parlamento que están haciendo “todo lo legalmente posible” para que el servicio se restablezca “cuanto antes” . Tras la adjudicación “en un plazo de 15 días, se podrían formalizar los contratos”.
Con la declaración de emergencia el 15 de octubre, se dotó a la APAE de la facultad de contratar de forma directa a empresas que atendieran temporalmente estos comedores y, de este modo, reducir al mínimo el tiempo de suspensión del servicio. Según el consejero, se mantuvieron contactos con unas 60 empresas y, “lamentablemente, ninguna pudo hacerse cargo del servicio, la mayoría por el temor de tener que asumir las deudas de Royal Menú, tanto con los trabajadores como con la Seguridad Social”.
Imbroda dijo que están negociando con los sindicatos y los representantes de los trabajadores la forma de abordar las deudas de Royal Menú. “No quiero ni pensar que la única empresa presentada se eche atrás. Si iniciáramos de nuevo el procedimiento, qué otra empresa se va a presentar con la carga que viene de atrás. Se trabaja para que esta empresa acepte y llegue a un acuerdo con los trabajadores y el servicio sea inmediato”, dijo Imbroda.
Desde la delegación de Educación han comunicado a las trabajadoras que “pase lo que pase con los contratos actuales, el servicio sigue adelante”, por lo que serán subrogadas.
La socialista Ángeles Férriz espetó a Imbroda que dos meses después “no se puede esconder de las dificultades económicas” de Royal Menú, que “tiene que responder ante la Consejería por los incumplimientos, pero del mismo modo la Junta tiene que responder a los centros y la familias”.
Ana Naranjo, de Adelante Andalucía, lamentó que Imbroda “no haya dado ninguna solución”.
Desde Vox, Francisco Serrano pidió “acelerar” la solución, y el diputado de Ciudadanos Francisco J. Carrillo, criticó que a ciertas formaciones políticas “no les preocupe las trabajadoras ni los niños y sólo quieran rédito político”.
El popular Francisco J. Palacio señaló que “la realidad es que una empresa sin justificación dejó de prestar el servicio 1.900 niños”.
