Este proceso nace ante los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra los derechos fundamentales por supuestas contrataciones ilegales en el Ayuntamiento, en los que una serie de candidatos lograron plaza en las dependencias municipales sin que se realizase un proceso selectivo válido, y que además éstas carecían de consignación presupuestaria.
Además de los cinco acusados, están llamados a declarar aproximadamente 120 testigos.