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Lunes 03/06/2024  

Jerez

La factura de papel, única traba para normalizar el copago farmacéutico

La puesta de largo del ‘medicamentazo’ se desarrolló sin incidencias de relieve

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La entrada en vigor del copago de los medicamentos no originó excesivos problemas ni a farmacéuticos ni a usuarios, aunque los primeros entienden que el sistema se agilizará aún más cuando a partir del 10 de julio la receta manuscrita quede prácticamente en el olvido.
 

En todo caso, el hecho de que la práctica totalidad del sistema andaluz se rija ya por la tarjeta sanitaria hace que este obstáculo pueda ser considerado una mera anécdota.
 

A nivel profesional, los farmacéuticos consideran necesaria una mayor agilidad de los sistemas informáticos. Al otro lado del mostrador, los usuarios se dividen en dos grupos: aquellos que pensaban que debían pagar más de lo que finalmente abonarán por sus medicamentos y quienes son reacios a abonar cantidad alguna.
 

“Hemos encontrado un poco de todo. Desde gente que venía con cierta inquietud y que al final ha visto que lo que realmente debía de pagar era 35 ó 40 céntimos hasta otra que ha dejado los medicamentos en el mostrador cuando se ha enterado de que tenía que pagar”, explicó Mauricio Rodríguez, de la farmacia de la avenida de la Soleá.

En esta misma botica se dio el caso de un pensionista que retiró sus medicamentos para todo el mes, alcanzando el tope de los 8 euros fijado por el decreto. Eso significa que no tendrá que pagar ya por el resto de medicinas que retire hasta el próximo 31 de julio.
 

Otras personas mayores, que acudían con la intención de pagar, recibieron con agrado la noticia de que, en virtud de las rentas que perciben, mantendrán la gratuidad de los medicamentos que retiren. En todo caso, lo que sí parece claro es que la mayoría de usuarios sabía que la normativa del copago se encontraba ya plenamente en vigor.
 

La medida no afecta a los trabajadores con rentas inferiores a los 18.000 euros, ni a los perceptores de rentas de integración social, de pensiones no contributivas o a parados que han perdido sus prestaciones. Tampoco a los pensionistas que perciban menos de 18.000 euros anuales.

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