La Guardia Civil ha procedido a la explotación de la 'Operación Pócima', por la que se ha puesto a disposición judicial a 15 personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y usurpación del estado civil. Se trata de los responsables de once residencias de ancianos repartidas por la provincia de Cádiz que, supuestamente, alimentaban a los residentes con comida del Banco de Alimentos y, además, habrían utilizado las tarjetas sanitarias de 66 fallecidos para retirar productos sanitarios a coste cero.

   Según ha indicado la Benemérita en un comunicado, la operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de unas supuestas irregularidades en la retirada de productos sanitarios que se podían haber realizado utilizando las tarjetas sanitarias de pacientes de residencias que habrían fallecido con anterioridad.

   Las investigaciones permitieron determinar que no se trataría de una trama organizada, sino de una coincidencia en la forma de gestionar estos centros, y que se habrían retirado fármacos por importe de más de 9.000 euros utilizando tarjetas sanitarias de 66 residentes fallecidos. Para el esclarecimiento de este ilícito se contó con el apoyo de una un equipo de inspección de la Junta de Andalucía.

HASTA 1.800 EUROS POR UNA PLAZA

   Por otro lado, la segunda línea de investigación determinó que diez de las once residencias investigadas proporcionaban a sus residentes comida procedente del banco de Alimentos de Cádiz, llegando a retirar de esta institución 140.000 kilos de productos de primera necesidad.

   Se da la circunstancia de que los responsables de los centros de  mayores cobraban hasta 1.800 euros por una plaza en las residencias que gestionaban, cuando los organismos que retiran productos del Banco de Alimentos se comprometen a repartirlos entre aquellas personas más desfavorecidas y necesitadas y no negociar con dichos productos.

   Por ello, su uso en residencias de ancianos en las que la Junta de Andalucía completa el pago de la plaza de un mayor desde el 75 por ciento del importe de su pensión, o por el que de forma particular se abona esta cantidad, no se corresponde con el espíritu para el que se creó instituciones como el Banco de Alimentos.

   Así las cosas, ha puesto a disposición de la autoridad judicial a 15 personas, a las que se le imputan los presuntos delitos de estafa y usurpación de estado civil.
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