El PSOE-A de Jerez ha mostrado su total rechazo a la nueva Ley de Tasas Judiciales, "ya que coarta el derecho de los ciudadanos a acudir a la Justicia en defensa de sus derechos e impone una justicia para ricos y pobres. La nueva normativa aprobada por el Gobierno de Rajoy y tramitada con carácter de urgencia ante las Cortes Generales salió adelante la jornada de huelga general en el Senado con los votos en solitario del PP. La nueva ley extiende por primera vez el pago de las tasas judiciales a toda la población", exponen.
Según recuerdan, en el año 1986, el Gobierno del PSOE aprobó la Ley 25/1986 por la que se suprimían las tasas judiciales para facilitar que todos los ciudadanos pudieran recurrir a la justicia, cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. Así se mantuvo hasta 2002, año en el que el Gobierno del Partido Popular (Ley 53/2002) introdujo la tasa para las empresas con volumen de negocio superior a ocho millones de euros al año. El Tribunal Constitucional en una sentencia de febrero de 2012 consideró constitucional esta modificación al tiempo que dejó claro que la cuantía de las tasas no debía impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia. "Eso es precisamente lo que consigue ahora la nueva ley aprobada por el Gobierno al elevar de forma desmesurada su cuantía y extender su aplicación a todas las personas físicas, a todos los ciudadanos", critican.
"A partir de ahora, pagarán todas las empresas y cualquier ciudadano que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir. Esta nueva ley vulnera la tutela judicial efectiva. Las tasas judiciales que establece el Gobierno son tan desproporcionadas e inalcanzables económicamente para un significativo porcentaje de población que supone, de facto, obstaculizar que la mayoría de los ciudadanos puedan acudir a la Justicia, en defensa de sus intereses y derechos. Unas tasas tan elevadas resultarán también disuasorias, porque, en algunos casos, son superiores a la cuantía del pleito, es decir, a lo que se obtendría en caso de ganar el juicio", subrayan en un comunicado.
"Pero por encima de todo, la nueva medida del Gobierno de Rajoy rompe el principio de igualdad. Ahora sólo podrán acceder a la justicia quien tenga dinero. El propio Consejo General de la Abogacía ha reconocido que esta ley consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”, concluyen.
