Su declaración se esperaba desde el martes, pero el fiscal decidió relegarla al último lugar para escuchar antes los testimonios de los otros seis imputados en el juicio por el denominado ‘caso PTA’. Ayer, en la tercera sesión de la vista que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincia, en la avenida Álvaro Domecq, a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez le llegó el turno de explicarse ante la juez por la que hasta ahora es la causa más grave por la que regresa al banquillo, donde se ha sentado por dos procesos más en el último año. Del primero, el ‘caso asesores (II)’ logró salir airosa pero la justicia no le dio la razón en el caso ‘desvío de fondos’ y acabó siendo condenada a dos años de prisión. Sentencia que el Ministerio Fiscal ha recurrido también para pedir elevar la pena a tres años.
En la vista de ayer la predecesora de Pelayo y ex socia de Gobierno de Pedro Pacheco se afanó en tratar de demostrar al tribunal la legalidad del proceso para la concesión de una ayuda de 244.000 euros a descontar del precio final a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA), que pretendía instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA). Sánchez aseguró en la sala que no tenía “en absoluto” conocimiento de los informes de evaluación realizados por técnicos municipales para la concesión de la subvención municipal, agregando que se limitó a firmar el expediente que recibió “sin reparo alguno” por parte de sus asesores jurídicos. Relató que, como alcaldesa de Jerez desde 2005 hasta junio de 2011, “firmaba más de 1.500 documentos diarios y revisados”, un volumen que alguna que otra vez le obligó a llevarse dichos documentos a casa “en una maleta con ruedas ” para firmarlos.
“No hubo irregularidades”
“Nadie” le hizo llegar nada, “ni había datos que indicaran que pudiera haber irregularidades en el proceso”, manifestó. Asimismo, explicó al fiscal -a cuyas preguntas se sometió durante casi hora y media- que no podía imaginar que TISA, que ”estaba dispuesta a invertir en Jerez 1.500 millones de pesetas” en la creación de una planta de fabricación de generadores de oxígeno “pudiera tener problemas” . Tajante y rotunda respondió la exalcaldesa al fiscal para negarle que diera instrucciones al técnico municipal que era director del Departamento de Desarrollo Rural para que “maquillara” el informe definitivo para favorecer a TISA otorgándole la puntuación máxima para la ayuda. A excepción de una vez que coincidió en una visita a una plantación de brócoli o zanahoria, señaló que “nunca” se reunió ni habló” con este trabajador municipal encargado de redactar dicho documento que luego se negó a firmar.
Precisó que en caso de que hubiera necesitado una valoración de cuestiones relacionadas con el PTA “no llamo a un técnico, sino a mis delegados, yo no tengo el teléfono de los técnicos”, agregó. “La implantación de una empresa no puede depender de una persona”, dijo, tras advertir que en caso de que se hubiera dado algún reparo legal en la minoración del precio “un Ayuntamiento como el de Jerez hubiera tenido “muchos mecanismos para resolver” esa cuestión.
Sánchez, que no contestó a las acusaciones que ejercen la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jerez, explicó también que, aunque “conocía” el procedimiento al que podían optar las empresas que se implantaran en el PTA, “no recuerda” haber asistido a las comisiones técnicas de seguimiento en las cuales se emitían los informes de las sociedades interesadas, recalcando que no era su función hacerlo. Puntualizó también que las subvenciones para apoyar a las empresas a invertir en el PTA no consistían en ayudas “físicas”, sino en minoraciones en el precio del suelo, para lo que había un crédito recogido en el presupuesto para gasto del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDE). Por tanto, ni TISA ni ninguna otra empresa “recibía cantidad”, sino que se aplicaba un descuento al precio final una vez que se firmaba la escritura. La exalcaldesa, para quien la Fiscalía y acusaciones solicitan siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental- también insistió en que a todas las entidades que tenían interés en instalarse en el PTA “se les mandó carta”, y que “no dijo que no a ninguna empresa”.
“Sobraba terreno y faltaban inversiones”
Ayer también declaró Salvador R. M, el técnico municipal imputado que hacía las funciones de capataz agrícola en el PTA, que fue quien firmó el informe de valoración en el que supuestamente se elevó la baremación otorgada a TISA para darle la puntuación máxima en la concesión de la ayuda. Según explicó el día antes Carmen Martínez, su superior y jefe de su departamento de Desarrollo Rural se había negado a rubricarlo.
Un informe “alterado”
Salvador R.M. dijo que “en la vida” ha emitido ningún informe técnico y que firmó dicho documento después de que la entonces delegada municipal de Medio Rural -también imputada- le mandara a llamar a través de su secretaria y le pidiera que lo firmara “porque no localizaban al técnico que lo redactó por ningún lado”.“Confié en ella porque me dijo que todo estaba bien y pensé que no me iba a engañar en nada”. Lo firmó “en diez minutos tras mirarlo por encima” y “en un momento tonto porque pensé que no me iba a perjudicar”, puesto que no le advirtieron de que su jefe -cuya declaración como testigo se espera con expectación- “no quería firmarlo”.
Este último fue el que posteriormente le reprochó su acto. Le dijo que lo que había hecho estaba “mal” porque él conocía el documento y sabía que “había habido cambios en la valoración” al haberse alterado las condiciones iniciales. La vista se reanuda el lunes con la declaración de los testigos, entre ellos la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, y el candidato a la Alcaldía por el PA, Santiago Casal, cuya denuncia abrió esta causa.
