El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una querella contra el consejero delegado de Cirjesa, la sociedad pública propietaria del Circuito de Jerez, y otros seis directivos del ente, a los que acusa de siete delitos relacionados con supuestas irregularidades en su gestión.
Manos Limpias se refiere a la investigación abierta en 2014 por la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria a raíz de la denuncia de un trabajador sobre un posible delito fiscal cometido por los anteriores gestores privados del circuito, que supuestamente habrían llevado una doble contabilidad de los ingresos de entradas en la zona Pelousse, un área de monte en pleno circuito en la que no hay asientos.
Esta investigación fue archivada en el ámbito penal porque no quedó acreditado el delito fiscal que se investigaba, según han señalado hoy a Efe fuentes próximas a la investigación, que desconocen si, en el ámbito de la Agencia Tributaria, las pesquisas han llevado a alguna conclusión.
De cualquier forma, Manos Limpias sostiene que los actuales gestores públicos del circuito continuaron con esta práctica en 2013, lo que calculan que ha ocasionado un fraude de "cerca de cuatro millones de euros", y supuestamente "de manera continuada hasta el último evento del año 2015", por lo que "ha producido un perjuicio claro y determinante a la Hacienda Pública".
Además de presuntas "ilegalidades en las declaraciones de ingresos en Cirjesa por ventas de entradas", la querella pide al juzgado que se investiguen "ilegalidades en las contrataciones de personal, incluyendo a las personas que actualmente ocupan los cargos directivos" de la entidad.
Solicitan que se investigue el "blindaje" en el contrato de su gerente, Juan Baquero, o la situación de su director financiero, que "no tiene un título universitario acreditado en España para desempeñar el puesto" que desempeña en una empresa pública, propiedad del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.
Manos Limpias estima que en los hechos que relata se ha incurrido en delito contra la Hacienda Pública; delito societario; delito de falsedad de documentos oficiales y mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
