Hoy he tenido una audiencia previa (trámite en un proceso civil en que se fijan los hechos y se determina la prueba a practicar en el juicio como tal) en un procedimiento ordinario en que mi cliente se juega su estabilidad económica para los próximos años. La demanda la formulamos en junio de 2020 y al final de la audiencia el juez (magnífico magistrado, con el tema perfectamente estudiado y respetuoso al máximo, lo cual no siempre se da) mira hacia abajo, consulta su agenda y sin levantar aún la cabeza dice: “Me da vergüenza decirles la fecha de juicio, pero no puedo celebrarlo hasta el día 10 de octubre de 2022”.

En los Juzgados de clausulas suelo están ya señalando juicio en algún caso para el año 2027. En algún asunto penal que defendemos, como el caso Astapa sobre una supuesta trama del Ayuntamiento de Estepona con el comisario Villarejo manejando los hilos, nada menos que se iniciaron las actuaciones en el año 2007 y ya veremos cuando se celebra el juicio. Con recursos, etc., supongo que habremos tardado unos 20 años en ver la solución final.

En materia laboral tenemos en el despacho juicios ya señalados para el año 2025. En lo Contencioso ganamos un asunto en el Supremo y la tan diligente AEAT cuando tiene que cobrar, para pagar hace lo que sea eludiendo el fiel cumplimiento de la sentencia, obligando al cliente a plantear un incidente de ejecución a ver si consigue cobrar lo que es suyo.

Pero nadie gana a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo último en el despacho es un asunto sobre legalización de pozos, que es un expediente iniciado en el año 1998, y en que en resolución de 23.6.2014 se concedía trámite de audiencia y se ha tardado en remitirla más de 7 años.

Es ineludible tomar medidas para que esto no pueda seguir pasando. La propuesta de Ley de medidas de eficiencia procesal creo no solucionará nada. Dicen que contempla vacaciones procesales del 24 de diciembre al 6 de enero. Como los escolares, olvidando que los profesionales comemos de esto (ya cuesta trabajo pasar agosto para los despachos) y si hay que dar eficacia a la Justicia no se trata de absurdas vacaciones, sino de medios, dotación, personal, informática, tecnología. Pero nuestros dirigentes muestran que lo que les importa de la Justicia es que juegue a su favor. Y el ciudadano absolutamente desamparado de forma vergonzosa con una Administración inflada de asesores y de gastos.