El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de ayer una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 15 euros mensuales pasando de los 950 euros mensuales a 965 euros, siempre en 14 pagas). Con este último incremento, el SMI ha crecido un 31% desde 2018.
Por todos es sabido que ésta era una de las medidas estrella del actual Gobierno de coalición y, seguramente, de la que mejores titulares le reporte. Sin embargo, y a pesar de que a priori pueda parecer una medida afortunada que busca la equidad o la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, se echa en falta algún estudio por parte del Gobierno que analice el verdadero impacto sobre el empleo que esta medida puede suponer. Y decimos lo anterior por cuanto, que nos conste, el único estudio económico existente es el realizado por el Banco de España, el cual llega a unas conclusiones diametralmente opuestas a las que pregona la ministra de Trabajo.
Publicado este mismo año 2021, analiza el incremento que experimentó el SMI en el año 2019, el mayor de su historia hasta la fecha, al pasar a 900 euros mensuales, siempre en 14 pagas, lo que supuso una subida del 22%. Analiza la repercusión en el mercado laboral desde una tiple perspectiva: respecto a la probabilidad de perder el empleo, sobre la probabilidad de modificar la jornada que se trabaja y sobre la probabilidad de los desempleados de encontrar un trabajo.
En los tres supuestos analizados el Banco de España llega a conclusiones negativas. Especialmente significativas son las conclusiones respeto de la jornada, en las que concluye que por la subida del SMI algunos puestos de trabajo han sufrido una reducción de las horas trabajadas mediante el paso de un contrato a tiempo parcial, y, respeto a la posibilidad de encontrar un empleo, las consecuencias, siempre según el informe, son aún más negativas, sobre todo en los jóvenes cuya reducción en la creación de empleo es del 4,3%.
Como puede verse, y a falta de otros estudios, lo que a priori puede parecer una medida beneficiosa para los trabajadores, empleados y desempleados, puede mostrarse después como todo lo contrario. Sería conveniente pues que, más allá de la búsqueda de titulares y antes de adoptar medidas que pueden tener su origen en un sesgo ideológico, el Gobierno analice las consecuencias de cualquier intervención el mercado laboral.
