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Vivienda: los problemas reales frente a las promesas electorales en la capital

Tres mujeres con fecha de desahucio señalada nos cuentan que piensan de las promesas por las municipales

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  • Desde la izquierda, Manuela, Paco Álvarez, Evelyn y Remedios. -
  • Lo peor en los deshacuicos es cómo ocultar a las niñas y niños la situación para evitarles mementos de angustia
  • Más allá de la posibilidad de construir VPO planteada enperiodo electoral, ¿qué pasa con la necesidad actual?

Uno de los asuntos que centran la campaña electoral de las elecciones municipales del próximo día 28 en Málaga es el de las promesas para solucionar la crisis habitacional que ya pocos niegas que se vive en la capital. 

Pero, frente a los anuncios de construcción de VPO y otras soluciones que no parecen den la respuesta inmediata que la situación requiere, está la vida real, los casos de quienes viven inmersas e inmersos en la incertidumbre, el miedo, la presión asfixiante del desahucio como fecha demoledora de su vida y la de sus familias. Baste la muestra de tres casos con nombre propio, los de Evelyn, de 29 años y madre de dos niños, un bebé de siete meses y un crío de siete años; Remedios, de 25 años, con una pequeña de dos años y un niño de seis, y de Samira con una niña de seis años.

Evelyn vive en Miraflores y tiene puesta fecha de 15 de junio para el desalojo de una vivienda por la que quiere pagar un alquiler, pero eso sí, dentro de los límites de lo humano, que le deje atender al resto de necesidades vitales de ella y de sus pequeños; está casada recibe el Ingreso Mínimo Vital y tienen también lo que gana su marido, por lo que deja claro que “quiere pagar” un alquiler social, como ha indicado al fondo buitre dueño de su piso. Pero no hay respuesta positiva, y con el paso de los días se ve en la calle con sus hijos, porque la pequeña, que ya tiene conciencia de todo, se “pone mala, nerviosa, y pregunta si nos vamos debajo de un puente”. Hasta el punto que es conocida como la pequeña dijo a Pedro Sánchez que quiere una vivienda.


Mientras tanto, insiste, quiere pagar por un sitio un precio digno, pero se encuentran como tantos, con unas condiciones y unos precios inasumibles, y pese a tener concedida la ayuda al alquiler, son dos o tres meses por adelantado lo que se requiere, y una o dos nóminas fijas de 2.000 o 3.000 euros, contrato de trabajo con dos años de identidad, e incluso, se les niega en muchos casos porque no se aceptan niños. 

¿Y las niñas y niños?

Otro caso es el de Remedios, que actualmente comparte penurias con ocho familias más, porque es una de las nueve que residen en un edificio de la calle Carrasco en Lagunillas en el que este mismo mes se han parado cuatro desahucios; el suyo está previsto para el 12 de julio, pero ella, pone el acento en todas las familias que viven en el edificio, con 20 niños pequeños, algunos bebés, el mayor de 12 años, en un edifico que ha acabado en un fondo alemán que quiere convertirlo en un inmueble de carácter turístico sin que el “Ayuntamiento lo impida”, como todos, piden la opción de un alquiler social, pagar, porque cuenta con ayudas, pese a que su letrada no quiso pedir el informe de vulnerabilidad.

Ya han pasado antes por la misma situación, pero entonces, desde Abanico Solidario se pudo parar un intento de lanzamiento; en aquella ocasión, recuerda, sus hijos preguntaban que porque limpiaban todo y recogían, y claro, sólo quedaba una de esas mentiras piadosas; “Estamos haciendo una limpieza a fondo”.  

El tercer caso ilustrador de que algo no funciona, (o muchas cosas), de que el derecho constitucional a la vivienda se ha convertido en arma arrojadiza o en objeto de subasta electoral, pero sin que tenga prevalencia ni protección alguna, es el de Manuela, de Palma Palmilla, que tiene puesta la fecha más inminente, mañana 16 de mayo, para que deje una vivienda donde reside con su marido y su pequeña Samira desde 2018, y 400 euros de ingresos mensuales, en la que entró, dice, en un estado lamentable, porque estaba quemada, y que ha reparado y arreglado, instalando todo el cableado nuevo, entre otras cosas. En este caso, Paco Álvarez, el presidente de Abanico Solidario, asegura que el juez se ha negado a pedir el informe de vulnerabilidad asegurando que no entre en el escudo social al ocupar la vivienda en 2018, antes de la pandemia, cuando afirma, que esta protección no hace esas distinciones.

A la pregunta de qué piensa de las promesas electorales responden unánimemente que no se las creen que “no va a haber solución nunca”.

Y ahí siguen la desazón, la preocupación, vivir con inquietud, con angustia, mientras Paco Álvarez, presidente de Abanico Solidario, incide en que por muchas promesas que se hagan, que puedan traer soluciones de cara al futuro, “¿qué hacemos mañana?”, "¿qué hacemos estos días?"

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