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Málaga

La Junta advierte de que la reforma de la Administración Local afectará a las mujeres "más vulnerables"

Desde el IAM aseguran que 19.000 féminas quedarán desatendidas en los municipios de la provincia

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La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga, Estefanía Marín Palop, ha indicado este miércoles que el Anteproyecto de Ley para la reforma de la Administración Local implica el desmantelamiento de los servicios locales de igualdad y va en contra de la lucha contra la violencia de género, "afectando directamente a las mujeres más vulnerables".

   Palop ha afirmado que "perjudica a aquellas mujeres que tienen más dificultades para acceder a los servicios porque cuenta con menos recursos, no disponen de transporte y para las que supondría un auténtico esfuerzo desplazarse desde sus localidades a la capital, ya que si la reforma sigue adelante supondría la desaparición de los 20 Centros Municipales de Atención a la Mujer repartidos por la provincia y sólo quedaría el de Málaga".

   Ha insistido en que con la citada reforma se dejaría a la Administración Local fuera de la Ley Estatal de Igualdad y fuera de la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y además, al eliminar los servicios locales de igualdad, dificultaría el cumplimiento de la Ley estatal contra la Violencia de Género. 


   Martín Palop ha realizado estas valoraciones junto a Pilar Iglesias y Concha Alarcón, vocales del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, durante la presentación del informe que acaba de elaborar dicho órgano sobre el impacto en políticas de igualdad del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local .

   Las conclusiones del estudio expresan el absoluto rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas de igualdad y de todas aquellas competencias municipales  que afectan a la conciliación personal, familiar y laboral de las mujeres, como salud, educación y dependencia.

   Además en el documento instan al Gobierno central a presentar un modelo de Administración Local en el que se cumplan y desarrollen los mandatos constitucionales de la Autonomía Local y la suficiencia financiera de los ayuntamientos, así como a no restringir los derechos de las mujeres y paralizar cualquier reforma política que suponga un retroceso en los avances alcanzados en materia de igualdad.

   La coordinadora del IAM ha reseñado que la reforma que propone el Gobierno central "amenaza la atención directa a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, pues contempla la supresión de las competencias que desde 1985 tienen los ayuntamientos para poder realizar actuaciones en materia de igualdad".

   Además, ha incidido en los perjuicios de la desaparición de los Centros Municipales de Información de la Mujer, a través de los cuales el IAM efectuó el pasado año en la provincia malagueña cerca de 19.000 atenciones de las cuales 3.256 tenían como motivo la orientación laboral y creación de empresas; 2.356 los malos tratos; 1.430 la guardia y custodia e impago de pensiones; 2.295 el divorcio o separación; 970 asesoramiento psicológico; y 351 asesoramiento social.

   Martín Palop ha detallado que los centros que serían desmantelados en la provincia serían los del Consorcio Guadalteba, Consorcio Alta Axarquía, Mancomunidad Sierra de las Nieves, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Antequera, Archidona, Benalmádena, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Ronda, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Vélez Málaga.

   Por su parte, Alarcón ha descartado la justificación económica "porque la realidad de la deuda de los entes locales sólo representa el 4,5 por ciento del total de las administraciones", y ha manifestado que la reforma "ataca frontalmente a los municipios más pequeños, al suprimir el articulo 28 de la Ley de Bases de Régimen Local, que impide que se lleven a cabo actuaciones como la promoción de la mujer o la lucha contra la violencia de género, que son una obligación para todas las administraciones por su transversalidad".

   Para Iglesias, "la pérdida que conlleva, de servicios sociales y dirigidos a la igualdad, supondrá un doble atentado contra los derechos de la mujer: primero al incrementarse las tareas de cuidado --que dejen de ser atendidas desde el ámbito público local--, que todavía son asumidas fundamentalmente por las mujeres".

   "Y en lo que respecta al empleo, ha añadido, por la supresión de puestos de trabajo en las áreas de servicios y de cargos de incidencia política ejercidos en su mayoría por mujeres".

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