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Ordenan abrir juicio oral contra acusados en 'Goldfinger', vinculado a los Connery

Ha fijado las responsabilidades civiles que tendrán que pagar procesados y sociedades supuestamente implicados, que ascienden en global a más de 42 millones de euros

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado la apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, acusados en el caso 'Goldfinger', en el que se investiga la operación urbanística y financiera desarrollada en la parcela donde estaba el chalé propiedad del actor Sean Connery y su mujer en Marbella.

   Además, ha fijado las responsabilidades civiles que tendrán que pagar procesados y sociedades supuestamente implicados, que ascienden en global a más de 42 millones de euros. Según consta en la parte dispositiva del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se abre juicio oral por delitos de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.

   Así, a Muñoz se le acusa de un delito de fraude --que para la acusación del Ayuntamiento está en concurso con un delito continuado de malversación-- y dos delitos contra la ordenación del territorio; mientras que a Roca se le acusa de fraude y cohecho. Asimismo, se acuerda abrir juicio oral contra cinco exconcejales de Marbella, dos abogados, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros.

   Este procedimiento judicial se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. --propietaria del chalé de los Connery-- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

   Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones financieras realizadas a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que representó los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.

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