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El PSOE-A tacha de "inoportuno" que Alaya pida la certificación de aforamientos

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, señala que esta providencia tendría que haber sido "antes del auto"

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  • Conejo. -

El PSOE-A ha tachado de "inoportuno" que la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiese este jueves información sobre la certificación de los aforamientos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros, Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.

   Así lo ha asegurado este viernes en Málaga el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, quien ha reiterado que esta nueva providencia judicial de Alaya "tendría que haberse realizado antes del auto" que apuntaba a la posible imputación de los dos expresidentes y los cinco exconsejeros, y que ha definido como "un señalamiento, nunca una imputación".

   Asimismo, Conejo, durante la rueda de prensa previa a los actos de conmemoración del XXXV aniversario de la Constitución Española, ha mostrado su "sorpresa" ante esta decisión de la juez. "Estamos pendientes de que la Audiencia Provincial resuelva el ministerio fiscal sobre este auto en el que se señalaban a determinadas personas que están aforadas", ha agregado.

   Por ello, ha insistido en que "es inoportuno que Alaya solicite el aforamiento cuando, todavía, estamos pendientes de la resolución de un recurso sobre un auto anterior a esta nueva providencia".

UGT-A

   Por otro lado, Conejo, preguntado por los periodistas, no ha querido valorar el despido del secretario general de la sección sindical de los trabajadores de UGT Sevilla, Laureano Conde, al que, desde el propio sindicato se le acusa del borrado de 1.756 ficheros informáticos. "Desde el PSOE-A vamos a respetar las cuestiones internas de otras organizaciones, que son las que tienen que tomar las decisiones adecuadas", ha explicado.

   Asimismo, ha aclarado que la Junta de Andalucía "va a garantizar la legalidad del uso de los fondos públicos" y, si en algún momento, "se demuestra que alguna entidad no ha usado dichos fondos de forma adecuada, se activarán los procedimientos para tramitar su devolución".

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