Agilizar la investigación de los procedimientos que se abren por accidentes laborales ocurridos en Málaga. Ese es el objetivo del protocolo de actuación policial por el que aboga la Fiscalía malagueña para los casos de siniestros graves y que permitiría disponer de forma casi inmediata de los informes y documentos necesarios en el inicio de la instrucción y potenciar la formación de los agentes.
El fiscal delegado de Siniestralidad Laboral, Fernando Bentabol, ha asegurado que estos procedimientos judiciales son "muy complejos" y normalmente la instrucción se alarga en el tiempo. Así, ha indicado que se conseguiría acelerar esa investigación si se tuviera "de forma inmediata conocimiento de la situación en la que se ha producido el siniestro".
Asimismo, ha destacado que también es importante tener "constancia documental", como fotos o similar, "de las posibles medidas de seguridad que han fallado o faltan y que haya influido en el resultado lesivo", ha explicado Bentabol, quien ha apuntado que Madrid cuenta con un protocolo así entre la Fiscalía y la Policía Local desde el año 2006.
Por esto, en el caso de Málaga, ha indicado la importancia de contar con las policías Local y Nacional y con la Guardia Civil para llevar a cabo esta iniciativa, para lo que habría que mantener una reunión con la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital. Asimismo, ha resaltado que este protocolo tendría que tener "como elemento principal la formación" de los agentes.
En este sentido, el fiscal delegado en Málaga ha destacado que esta formación iría orientada a especializar a los agentes en materia de siniestralidad laboral, de forma que al llegar al siniestro, al margen de primero atender de forma inmediata al herido, supieran estudiar en profundidad el lugar e identificar a las personas que están en ese momento y las medidas de seguridad.
Ha indicado en declaraciones a Europa Press que en el caso de Madrid, los agentes que se personan en los siniestros graves hacen un parte de campo y lo presentan de forma inmediata en el juzgado de guardia al que le haya correspondido la causa; de manera que "ya se tiene un conocimiento inicial". "De esta forma, se ha avanzado mucho en estas investigaciones", ha destacado Bentabol.
En 2013, según la memoria de la Fiscalía, fueron incoadas 88 diligencias de investigación por parte de los fiscales, un número muy superior al de 2012, cuando se registraron 12; y también al de 2011, cuando fueron 37. El año pasado se archivaron 72 diligencias, algunas por existir procedimiento judicial y otras fueron enviadas al juzgado para que se investigaran los hechos, con petición de diligencias.
Un total de 16 diligencias están a la espera de informes de la Inspección de Trabajo o del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Además, la Fiscalía ha intervenido en 252 procedimientos judiciales, bien realizando escritos de acusación --29 casos-- o bien elaborando otros dictámenes o en las ejecutorias de las sentencias.
En cuanto a los escritos de acusación, según recoge la memoria de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral del pasado año, a la que ha tenido acceso Europa Press, 21 se realizaron por delitos de lesiones imprudentes y ocho por homicidio imprudente. En la mayor parte de los casos se ha formulado acusación por delito contra los derechos de los trabajadores junto a los delitos anteriores.