El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto continuar este viernes el juicio a la que era presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por el sacrificio "masivo", haciendo "auténticas sesiones de exterminio", de animales, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba "una lenta y dolorosa agonía".
"Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas", declaró la acusadaInicialmente, el fiscal acusa a la que era responsable de este colectivo de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. Además, a la presidenta de la asociación la acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular.
El juicio comenzó el pasado 15 de noviembre y la acusada negó los hechos, mientras que testigos confirmaron que se llevaban a cabo estas prácticas eutanásicas sin control y que había "días de exterminio".
Así, la acusada señaló que "jamás" realizó el "exterminio" del que se le acusa y apuntó que eran los veterinarios los que decidían las eutanasias y que en su centro se sacrificaba "lo mínimo". "Yo tengo fobia a poner inyecciones", indicó, rechazando también haber falsificado certificados o listados para incineración.
"Yo soy amante de los animales solamente, no me atrevo ni a cortarles las uñas", declaró la acusada en su interrogatorio, apuntando que "con una jeringuilla me han podido ver", pero no con producto eutanásico, sino con jarabe para darlo por la boca. Asimismo, dijo que "nunca" hizo listados para incineración, apuntando que "yo tenía mis ocupaciones que eran los animales, buscarles dueño y que la protectora funcionara bien".
Pero, en el escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación "de forma masiva e injustificada", haciendo "auténticas sesiones de exterminio" sobre animales normalmente sanos.
Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, "sin que hubiese causa que justificase la muerte", salvo "la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados". Considera que la presidenta era la que "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente", con la colaboración "imprescindible" del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.
Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos "de forma inexperta" y "sin sedación previa". "De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas", pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados.
"Para llevar a cabo estas exterminaciones programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano", dice el escrito de acusación fiscal.
En el juicio también comparecieron varios peritos que expusieron sus informes, en los que se analizan los distintos efectos que el producto eutanásico supuestamente utilizado para producir los sacrificios podría causar en los perros y gatos, según cómo se aplique y en la cantidad que se utilice.
