Los sanitarios que participan en las labores de rescate y la Policía Judicial de la Guardia Civil están preparados para rescatar a Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en Totalán (Málaga) el pasado 13 de enero.
Actualmente veintiséis personas, de los que ocho son de la Brigada de Salvamento Minero, diez guardias civiles (ocho especialistas de montaña y dos de actividades subacuáticas) y ocho bomberos del Consorcio Provincial, participan en la operación.
Además, muy cerca del lugar donde se desarrollan las labores de rescate hay un helicóptero adaptado al vuelo nocturno y también se dispone de una zona donde puede tomar tierra un helicóptero medicalizado.
En la zona de trabajo también hay desde el primer momento una UVI móvil por si fuera necesaria.
El personal sanitario está preparado para cualquier circunstancia que pueda producirse en el rescate, ya que no solo puede ser necesario su intervención cuando lleguen a Julen sino también durante las labores que se están realizando actualmente porque los "mineros se están jugando la vida", han asegurado a Efe fuentes cercanas al caso.
"El trabajo de la mina es peligroso, pero llevan mucho tiempo haciéndolo y lo hacen con todas las medidas de seguridad. Hay accidentes a veces y trabajan con riesgo, pero procuran que no haya peligro", ha afirmado esta mañana el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur en Málaga, Juan López-Escobar.
En condiciones normales, cuando hay un herido en cualquier accidente, el afectado puede ser evacuado por cualquier persona, pero cuando hay un fallecido el levantamiento solo lo puede hacer la autoridad judicial o el Cuerpo de Policía Judicial, bien de la Policía Nacional o Guardia Civil.
Las fuentes han indicado a Efe que no pueden aportar datos sobre el plan de evacuación que está preparado y han recordado que los primeros que tienen que conocer los avances de los trabajos son los padres de Julen.
Cuando en un suceso, del tipo que sea, hay un fallecido, obligatoriamente hay que alertar al Juzgado de Guardia, concretamente al de incidencias, que está disponible 24 horas.
Inmediatamente, tras el aviso, la comisión rogatoria (formada por el juez de guardia y el forense) se persona en el lugar y, una vez allí se procede al levantamiento del cadáver.
Tras ello, la autoridad judicial ordena el traslado a Instituto de Medicina Legal para que se puedan determinar las causas del fallecimiento con la correspondiente autopsia y la extracción de muestras.
En los casos que el levantamiento de cadáver se tiene que hacer en zonas donde solo pueden acceder personal cualificado, como en alta montaña o zonas muy complicadas, la Ley permite que el juez delegue en la Policía Judicial.
Por otra parte, las fuentes han explicado que en los casos en los que un procedimiento está judicializado y, posteriormente, hay un levantamiento de cadáver no lo hace el juez que está instruyendo el caso, sino que lo hace el que está de guardia.
