La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto en cuestión la gestión realizada por el Patronato de Recaudación Provincial, dependiente de la Diputación de Málaga, al que ha recomendado medidas sobre recursos humanos y que garanticen el procedimiento recaudatorio que se efectúa en las diferentes zonas.
Así se recoge en su informe de fiscalización del ejercicio 2016 en el que se indica que se ha efectuado un trabajo específico sobre la recaudación relativa a la Junta de Andalucía, después de un auto de 23 de mayo de 2017 que sobreseyó la denuncia de dos empleados por la existencia de expedientes con “graves deficiencias”. De hecho se acordó librar testimonio a la Cámara de Cuentas para realizar una fiscalización externa cuyo resultado señala, según el documento al que ha tenido acceso Viva Málaga, que su gestión “no resulta conforme” con la normativa que tiene que aplicar. Alude a “incumplimientos” en gestión de recursos humanos ya que la plantilla presupuestaria no recoge todas las plazas de personal laboral que deberían estar dotadas en el presupuesto, incumpliendo la Ley de Bases de Régimen Local y el texto refundido de Régimen Local.
Y especifica que durante 2016 prestaron servicio en el Patronato 134 laborales -cuatro fijos y 130 indefinidos-, mientras que la plantilla “sólo prevé 116 plazas de personal laboral”. Y que se contrató personal laboral temporal para hacer frente a sustituciones, enfermedades, etcétera, todo ello “sin respetar los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
Entre las diversas irregularidades recogidas señala que sobre un total de 74 trabajadores de los 331 que trabajan en el Patronato a 31 de diciembre de 2016 y que representan el 24% del personal, “se han incumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” y apunta que el número de empleados con condición de personal estable o fijo representa el 19% mientras que el 81% restante está en “situación de provisionalidad o inestabilidad” pese a realizar funciones “de naturaleza estructural y carácter permanente”.
Ante esto, considera que se debe establecer una estrategia institucional en materia de recursos humanos para saber las funciones de los distintos departamentos y unidades “y evitar el clima de conflicto que, en determinados momentos, se ha producido” y que se deben adoptar medidas para evitar la “concatenación de contratos temporales para desempeñar trabajos de naturaleza estructural” ya que puede desembocar “en la adquisición de la condición de trabajadores indefinidos no fijos”.
La gestión de recaudación
El informe de la Cámara de Cuentas hace referencia a incumplimientos de carácter general en la gestión recaudatoria para advertir de que se debe realizar una reestructuración de las zonas recaudatorias que tenga en cuenta parámetros “objetivos y coherentes”. Se insta a adoptar medidas para garantizar las actuaciones recaudatorias y la documentación de forma que queden recogidas en su aplicación informática; alude a la obligatoriedad del uso del módulo del sistema informático Expediente Provincial de Ejecutiva (EPE) y no quedar al albur de cada responsable de zona”.
El ente fiscalizador considera que el Patronato de Diputación debe depurar las deudas pendientes de cobro que en algunos supuestos se remontan a los años 80 y noventa del siglo pasado y las que antigüedad superior a cuatro años representan porcentajes importantes. Así, en el 3% de expedientes en los que se cobró la deuda tributaria por vía ejecutiva no se aplicaron correctamente los recargos previstos en la Ley General Tributaria. Además, en el 22% de los expedientes en los que se cobró en vía ejecutiva no se imputaron, en todo o en parte, los gastos derivados de las notificaciones.
También se detectan unos altos porcentajes de falta de aplicación de bonificaciones. Además, se indica en el informe que el importe de las deudas pendientes de cobrar con más de cuatro años de antigüedad representa el 57% en el caso de la Junta de Andalucía y el 36 en el resto de zonas recaudatorias.
Dada la gestión del año 2016, la Cámara realiza una serie de recomendaciones al organismo provincial para que mejore el cobro así como la gestión de los recursos humanos.
