Se deberá personar en la Ciudad de la Justicia de Málaga "con el fin de proporcionar datos actualizados acerca de su situación económica"
El dueño de la finca en Totalán (Málaga) donde murió Julen, el niño de dos años tras caer a un pozo, tendrá que comparecer semestralmente en la sede del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga "con el fin de proporcionar datos actualizados acerca de su situación económica".
El acusado, David Serrano, reconoció durante el juicio, celebrado la semana pasada, haber cometido un delito de homicidio por imprudencia grave y tras conformarse con los hechos que le imputaba el fiscal y la acusación particular el magistrado dictó sentencia.
El dueño de la finca fue condenado a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.529,67 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 663.982,45 euros, además de concederle el beneficio de la suspensión de la pena con el requisito de no cometer delitos en dos años.
El magistrado advierte en la sentencia, que ha sido notificada hoy a las partes y a la que ha tenido acceso Efe, que la suspensión de la pena puede ser revocada en caso de no cumplir con sus obligaciones y ordena que el fallo se ejecute ya.
Entre sus obligaciones también se encuentra abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejore como pago de la indemnización y comunicar al juzgado con antelación cualquier cambio de domicilio.
En la sentencia se considera probado que el acusado "no había señalizado ni advertido de la presencia del pozo" y que tanto la pareja del procesado como los padres de Julen "desconocían" que estaban preparando la comida a diecisiete metros de distancia de una prospección sin tapar.
El juez mantiene que David Serrano "a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores, su propia hija y Julen, que finalmente cayó".
En los hechos probados se relata que el 13 de enero del 2018 el acusado acudió en compañía de su pareja y su hija menor así como los padres de Julen y su pequeño a la parcela con la intención de hacer un arroz y pasar el día en el campo.
Julen se bajó de la silla donde estaba sentado, se metió en una zanja de poca profundidad y echó a correr y, aunque su padre salió tras él para evitar que se hiciera daño, el pequeño se coló por la boca del pozo.
El pequeño fue rescatado sin vida el 26 de enero y la causa de su muerte fue por la caída al pozo en la que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular.
Respecto a la indemnización acordada a la Junta de Andalucía, el magistrado incide en que la operación de rescate se tuvo que efectuar "obras de ingeniería civil" y precisaron la intervención y despliegue de un gran numero de personas, bomberos, expertos y empresas especializadas.
Además de equipos de salvamento minero y grupos de montaña de la Guardia Civil, expertos en espeleología y un gran número de maquinaria pesada y especializada.
El coste económico de las actuaciones de emergencias para el rescate fue inicialmente valorado en 687.749,51 euros y, posteriormente, se han llevado a cabo obras de asentamiento del terreno y de ingeniería que no han sido valoradas procesalmente.