Un tribunal de Argentina sobreseyó este jueves la causa contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, por el supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la entidad mutualista judía AMIA de 1994 a partir de la firma de un memorando con Irán durante su Gobierno (2007-2015), confirmaron a Efe fuentes del caso.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 8, que consideró que la firma en 2013 del memorando con Irán "no constituyó delito".
El tribunal cerró así, por inexistencia de delito, el caso, un fallo unánime que beneficia a todos los imputados en la causa, pero que, sin embargo, puede ser apelado por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas llevadas adelante por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y por los familiares de las víctimas del atentando.
El abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Fernández, se mostró "satisfecho" con la resolución, no obstante lo cual recordó que, a su juicio, el caso fue un "invento" del juez de instrucción que llevó adelante la investigación, el fallecido Claudio Bonadio, quien en 2018 había elevado la causa a juicio oral.
En mayo pasado, la vicepresidenta había solicitado la nulidad de la causa alegando, entre otros motivos, interferencias políticas en el proceso, en concreto debido a las presuntas reuniones que se habrían producido entre el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) y dos de los jueces que intervinieron en el caso, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
"Hoy es un día en el que la Justicia ha fallado sin la coyuntura política", dijo Dalbón en declaraciones a radio Del Plata.
El memorando con Irán fue firmado el 27 de enero de 2013, con Fernández como presidenta, y preveía la creación de una comisión especial para investigar de forma conjunta entre los dos países el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos y que la Justicia argentina atribuye a exaltos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.
La acusación contra Fernández se remonta a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado a la mutua, denunció que la entonces presidenta y varios de sus colaboradores intentaron presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del ataque -atribuido en Argentina a Irán y al partido chií libanés Hizbulá- con la firma de un memorándum con Irán.
Nisman apareció muerto, de un disparo en la cabeza, cuatro días después de presentar su denuncia.
El memorando nunca entró en vigor ya que, a pesar de que el Congreso argentino lo ratificó, en Irán nunca llegó a aprobarse.