El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició este lunes su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con nuevas sanciones de EE.UU y la Unión Europea (UE) contra dos de sus hijos, allegados y tres instituciones nicaragüenses.
Ortega y Murillo juraron en el cargo por cinco años más ante el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, en una ceremonia oficial celebrada en la Plaza de la Revolución, en Managua, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y representantes de China, Irán y Rusia, entre otros.
A la ceremonia acudieron los expresidentes salvadoreños y nacionalizados nicaragüenses Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como el exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo.
Durante su discurso, el exguerrillero sandinista, de 76 años, que hoy cumplió 15 años consecutivos en el poder, cargó contra EE.UU y la UE, a los que tildó de "colonialistas criminales y esclavistas".
El acto de investidura no contó con representantes oficiales de EE.UU. ni de los países de la UE, que han calificado de fraudulentos los comicios de noviembre pasado, en los que se impuso Ortega con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
UE Y EEUU SANCIONAN A ALLEGADOS DE ORTEGA
Horas antes de la investidura, la UE aprobó nuevas sanciones contra Camila Antonia Ortega Murillo y su hermano Laureano Facundo, hijos del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.
La UE también sancionó a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, así como otras cuatro personas cercanas al régimen, así como contra tres entidades del país.
Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron "serias violaciones contra los derechos humanos" y haber apoyado las elecciones "fraudulentas" del pasado mes de noviembre.
Las medidas restrictivas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Por su lado, Washington anunció nuevas sanciones contra seis cargos del Gobierno de Nicaragua, y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera "cómplices de socavar la democracia" nicaragüense.
Las restricciones afectan entre otros a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez; al general de brigada Bayardo Pulido; dos directivas del Telcor, y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El Departamento del Tesoro los sanciona por los "actos estatales de violencia" contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de "cientos de actores políticos y de la sociedad civil".
En el caso de la directora general y directora general adjunta de Telcor -Nahima Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, respectivamente-, el Departamento del Tesoro las penaliza por "desinformación y persecución de medios independientes".
Simultáneamente, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a "116 individuos que son cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores de universidades, así como funcionarios de Policía, prisiones y de defensa".
PROTESTAS EN EL EXILIO
En tanto, diversas organizaciones opositores y nicaragüenses en el exilio se manifestaron en Costa Rica y en España en contra de la investidura de Ortega, bajo el lema "Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado".
El lema "Ortega ilegítimo" fue el principal mensaje que motivó a esas manifestaciones, así como la exigencia de liberación de "los más de 170 presos políticos" de las cárceles del país, "justicia para los desaparecidos desde 2018" y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Ortega, que gobierna sin contrapesos desde 2012, permanece en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El líder sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.
