El Ayuntamiento de Vic y las entidades que reúnen a los municipios catalanes –la Federación Catalana de Municipios (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM)– avalaron en octubre un documento que defendía empadronar a cualquier inmigrante, con independencia de su situación legal.

Este documento, dado a conocer ayer por el PSC, es fruto del Pacto nacional por la inmigración y fue suscrito por el Govern, por las cuatro diputaciones, por diversos consejos comarcales y por otros 27 ayuntamientos catalanes, el pasado 26 de octubre en el marco de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración.

El concejal de Acción Social y Ciudadanía de Vic, Joan López (ERC), avaló este acuerdo en nombre de Vic, aunque la intención de ese equipo de gobierno de excluir a los inmigrantes irregulares del padrón supone una contradicción con los compromisos adquiridos entonces.

Este documento deja claro que “empadronarse es un derecho y una obligación para todo el mundo, sea cual sea su nacionalidad y su situación administrativa”, y alerta de que poner obstáculos al empadronamiento priva a los inmigrantes del acceso a “derechos fundamentales” y les expone “a situaciones de alta vulnerabilidad”.

Asimismo, el texto añade que “no estar empadronado tampoco exime al ente local de las obligaciones que le son propias”, como la escolarización de los menores o bien la recogida de basuras.

“El empadronamiento desatendido sólo traslada a los municipios vecinos la presión para empadronarse, con lo cual sólo se consigue distorsionar los datos poblaciones de diversos municipios”, sostiene el citado documento.

Con estos argumentos, los firmantes proponían garantizar que el padrón respondiera a la realidad del municipio, “implicar a todos los servicios municipales en la gestión del padrón” o bien evitar prácticas que obstaculizaran la normativa vigente.

En este sentido, recomendaba a los entes locales que para empadronar a los inmigrantes sólo pidieran al inmigrante que acredite su identidad y su lugar de residencia, pero no la cédula de habitabilidad.

Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona; Salt y Banyoles, en Girona; Tarragona y Tortosa, en Tarragona; Lleida y Alcarràs (Lleida), son algunos de los municipios que suscribieron esta pauta de actuación sobre el padrón.

Por su parte, el presidente catalán, José Montilla, se ha referido a la polémica de Vic y, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, ha pedido “no linchar” a este Ayuntamiento, del que recuerda que ha realizado aportaciones “modélicas” en materia de integración de inmigrantes.

“La política está para solucionar problemas atendiendo a la realidad y la realidad de Vic es muy compleja ya que tiene más inmigrantes que la media catalana”, ha señalado Montilla. Asimismo, ha rechazado realizar un discurso “buenista”. “Yo nunca he estado de acuerdo con los papeles para todos; la capacidad de acogida es limitada”, ha agregado.