El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer que todos los ayuntamientos que optan al depósito de residuos radiactivos serán tratados “por igual” y que las Comunidades Autónomas serán escuchadas antes de tomar una decisión, aunque ha recordado que el consenso sobre esta cuestión ya se dio en el Parlamento.

“La decisión la van a tomar los ciudadanos que vayan a vivir cerca del ATC; esos ciudadanos, si lo desean podrán tener el ATC”, precisó en respuesta a una pregunta del diputado de ERC-IU-ICV Joan Ridado en el pleno del Congreso sobre si el Gobierno piensa consensuar la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos.

Sebastián replicó que se resolverá según un procedimiento competitivo basado en la transparencia, la equidad y la voluntariedad.

Aseguró que el procedimiento es democrático, inapelable y público, consensuado con el Parlamento, y que “todo el mundo lo conoce”, momento en que ha recordado los 154 anuncios de prensa y la página de Internet que informa de ello.

Todos los ayuntamientos, prosiguió, son tratados igualmente “independientemente de donde estén y quién los gobierne”.

Aludió al consenso, pero recordó que el Congreso ya aprobó por unanimidad en 2004 pedir al Gobierno que pusiera en marcha el ATC.

Se preguntó cuál es la alternativa al ATC, ya que los residuo están ahí y no son “ni de derechas ni de izquierdas”.
El ATC resuelve esta cuestión de forma “segura y eficiente económicamente” porque los almacenes individuales son “mucho más arriesgados” según todos los informes y cuestan más dinero, y ha puesto el ejemplo de los Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y otros países avanzados.

Por los residuos de la central de Vandellós, en Francia, hay que pagar 1.300 millones de uros en 60 años, ha dicho.

Ridao recordó el rechazo “territorial e institucional” a que el ATC se instale en Ascó.