La ponencia parlamentaria encargada de redactar una ley electoral de Cataluña certificó ayer, en su décima reunión, su rotundo fracaso, ante la imposibilidad de los partidos catalanes de encontrar un mínimo denominador común alrededor del sistema de reparto de escaños.

Después de que la semana pasada los 14 miembros de la ponencia se emplazasen a la reunión de ayer para intentar por última vez alcanzar un acuerdo sobre el modelo de distribución de escaños, finalmente la negociación no ha llegado a buen puerto, pues CiU se ha negado a que las comarcas de Tarragona, Lleida y Girona pierdan peso electoral en favor de una mayor proporcionalidad, que beneficiaría a Barcelona.

La actitud de CiU le ha valido la crítica del resto de partidos, incluida una ERC también favorable a defender la representación de los territorios menos poblados, que han culpado a la federación nacionalista de haber bloqueado la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para aprobar una ley electoral.