El PP, tras negociar durante meses con el PSOE la reforma que ahora se remite al Senado, ha optado finalmente por abstenerse, ya que, según su portavoz de Justicia, Federico Trillo, es un texto “insuficiente” con demasiados “huecos” y “sombras”, y no cumple con lo pactado con los socialistas.
Una decisión que demuestra la “deslealtad” del PP, en opinión del portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, que ha recordado que la cadena perpetua revisable y otras medidas sobre la prescripción de los delitos que proponían los populares y que han sido rechazadas nunca estuvieron entre los compromisos alcanzados.
Por su parte, Trillo ha explicado que no pueden corresponsabilizarse de un proyecto que no contempla su propuesta de prisión perpetua revisable, no amplía la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte al secuestro o atentados que causen lesiones graves y no da soluciones a la reincidencia.
Para el diputado del PP, el texto no sólo no ha mejorado, sino que se ha perjudicado con alianzas coyunturales –con CiU y ERC–, que demuestran que las “mejoras” han sido “estrictamente cosméticas” con resultados “ridículos” como la regulación de la multirreincidencia en los hurtos.
Trillo ha insistido en que se aumenta la complejidad del sistema incluyendo nuevas penas de localización permanente o de “arresto de fin de semana” para autores de hurtos de menos de 400 hurtos reiterados, lo que ha calificado como “esperpéntico”.
Tras el debate, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en declaraciones a los periodistas, ha calificado como “una pena” que finalmente el PP no se haya sumado al consenso y ha respaldado las críticas vertidas por Villarrubia contra el PP.
“Nosotros siempre somos fieles a la palabra dada”, ha resaltado el ministro, que considera que la votación ha puesto de relieve que, frente al Código Penal de 2003 del PP, “hoy sólo hay siete votos en contra” y la gran mayoría de la Cámara está satisfecha.
Caamaño ha insistido en que la cadena perpetua nunca estuvo en el acuerdo inicial con el PP, como tampoco el incremento de las penas para la corrupción, que “quizá no le ha gustado al PP”.
En este sentido, la tramitación en el Congreso ha supuesto un endurecimiento de los castigos para los cargos públicos condenados por corrupción, que tendrán siempre condenas de cárcel, y no sólo de multa o inhabilitación, gracias a las propuestas de ERC.
