El juez Baltasar Garzón aseguró ayer en el Tribunal Supremo (TS) que ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los responsables de la trama Gürtel con sus abogados era la “única vía” para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.

Así lo ha manifestado Garzón ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez –que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del caso Gürtel– y ante quien ha insistido en que al ordenar las escuchas su intención no fue “en ningún momento” la de conocer la estrategia de los letrados.

De esta forma, durante sus cuatro horas de declaración el juez de la Audiencia Nacional ha subrayado que con el auto por el que acordó intervenir las conversaciones no pretendió “limitar el derecho de defensa”, sino averiguar el delito, “evitar la confirmación del mismo y la pérdida de los fondos”.

A preguntas del fiscal, Garzón ha explicado que los letrados estaban además “presuntamente dentro de la trama, coordinando la actuación y preparando la salida del jefe de la organización –Francisco Correa–, además de datos relevantes para la investigación” del caso.

Según el magistrado, “era lógico pensar” que los imputados en prisión “necesitaran de un enlace” para seguir realizando operaciones para mover el dinero de la trama fuera de España.

“Las iniciativas sólo podían salir de prisión, había movimientos de dinero y se corría el riesgo de perderlo, la única vía para evitarlo era la interceptación de las comunicaciones, puesto que los máximos responsables de la organización estaban presos”, ha asegurado el juez.

Para Garzón, existían indicios de que los imputados podrían hacer llegar a sus letrados informaciones que “podrían dar lugar a nuevos hechos delictivos o a ocultar delitos” relacionados con la investigación.

Con este objetivo acordó también la prórroga de las intervenciones una vez que ya estaban personados nuevos letrados –entre ellos Ignacio Peláez–, algo a lo que no se opuso la Fiscalía, de la que además atendió su petición de “expurgar” conversaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de defensa.