La Policía ha detenido a 52 personas que formaban parte de una red que se dedicaba a falsificar documentos para regularizar a inmigrantes subsaharianos a los que les facilitaban unos padres ficticios con el objetivo de acreditar su relación de parentesco con ciudadanos comunitarios.

A cambio de 3.000 ó 4.000 euros –según el poder adquisitivo del inmigrante–, los extranjeros obtenían certificados de nacimiento y pasaportes falsos para vincular ese parentesco, y en algunos casos los progenitores y los supuestos descendientes ni eran del mismo país ni hablaban el mismo idioma, según informa la Dirección de la Policía y la Guardia Civil. Entre los arrestados se encuentra el presunto responsable de la red, un ciudadano español nacido en Guinea.