El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el Ejecutivo dará cumplimiento "pleno" al plan de racionalización del sector público empresarial estatal antes de que acabe el año, con la extinción de 14 empresas y la fusión de otras 24, pasando así de 106 empresas a 77.

Así lo ha puesto de manifiesto Zapatero durante su comparecencia en el pleno monográfico sobre el empleo en el Congreso, donde ha dicho que el objetivo del plan es aumentar la eficacia de la administración y reducir el gasto público.

Según el presidente, con este plan se habrá reducido, además, un total de 450 puestos en los consejos de administración así como un total de 80 puestos directivos.

Además, para cumplir con la consolidación fiscal, el Gobierno pretende también impulsar la inversión empresarial con la generalización, hasta 2015, de la libertad de amortización, hasta ahora prevista sin condiciones para las empresas de pequeña dimensión.

Igualmente, se exonerará de tributación las ampliaciones de capital en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a todas las sociedades.

De la misma forma y antes de que acabe el año, Zapatero ha anunciado que presentará un paquete de eliminación y simplificación de cargas administrativas que supondrá un ahorro de cerca de 2.000 millones de euros para la actividad empresarial.

Para favorecer la innovación, el Ejecutivo reforzará las líneas ICO existentes con la puesta en marcha en enero de 2011 de una dotación de 1.000 millones del Fondo para la Economía Sostenible, que financiará proyectos de incorporación de nuevas tecnologías por parte de las empresas.

Presentará además, en el primer trimestre de 2011, la Ley de Servicios Profesionales para aumentar la competencia en sectores que emplean al 30% de los licenciados y mejorando la capacidad de competir internacionalmente de las empresas españolas.

De la misma forma, continuará trabajando para que la Justicia sea más ágil y responda a las necesidad del tejido productividad, por lo que aprobará el próximo viernes un proyecto de reforma de la Ley Concursal y en unas semanas una nueva ley reguladora de la jurisdicción social.