La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, reclamó ayer un informe “claro e independiente” para conocer el grado de violencia que hubo en el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún y poder hacer un pronunciamiento “definitivo” sobre la actuación de Marruecos.

Jiménez hizo esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para exponer su visión sobre los incidentes de los últimos días en El Aaiún, sin aclarar qué organismo debería llevar a cabo esta investigación imparcial, al margen de las que haga Marruecos y el Frente Polisario.

A la salida de la comisión, la ministra apuntó la opción de que el informe lo pudiese redactar la misión de la ONU desplegada en el Sahara Occidental (Minurso) u organizaciones como ACNUR o Human Right Watch.

Lo importante, remarcó, es que esta investigación sea aceptada por Marruecos y el Polisario y permita conocer los hechos con “claridad y rotundidad”.

“Es necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo ocurrido para hacer un pronunciamiento definitivo, con datos precisos y fehacientes, a través de un informe claro e independiente”, dijo Jiménez en su comparecencia, en la que recibió fuertes críticas de todos los grupos de la oposición.

Le censuraron que el Ejecutivo no haya condenado aún la actuación de Marruecos, que haya antepuesto los intereses económicos a la defensa de los derechos humanos y que el PSOE defienda ahora una postura sobre el Sahara antagónica a la que postulaba cuando estaba en la oposición.

El diputado de ERC Joan Tardá llegó a hablar de que la represión cometida en El Aaiún puede calificarse como de “genocidio” y el de IU, Gaspar Llamazares, ha avisado de que el Sahara puede convertirse “en el Waterloo del Gobierno español”, como Irak lo fue para el PP.

Jiménez dijo sentirse “ofendida” ante algunas de las críticas y ha negado que el Gobierno haya cambiado su posición, “ni la vaya a variar”.

“Siempre hemos defendido los derechos humanos, las libertades y la democracia en todas las partes y en todo momento, por igual, en todos los países, en todos los conflictos y en todos los territorios”, dijo con tono grave.

La jefa de la diplomacia española seguró que el Ejecutivo socialista “condenará siempre la violencia, se produzca sobre quien se produzca”, pero insistió en que lo “responsable” es esperar a saber qué ocurrió y no precipitarse en el juicio a la actuación de la policía marroquí.

Para poner de manifiesto los interrogantes que aún hay, Jiménez informó de los datos facilitados hasta ahora por las dos partes.

Rabat contabiliza doce muertos –diez policías marroquíes y dos saharauis–, 70 heridos, 77 detenidos y 33 personas puestas a disposición judicial.

El Frente Polisario, en cambio, habla de más de 36 fallecidos, 4.500 heridos y más de 2.000 arrestados antes y después del desalojo del campamento, que tuvo lugar el pasado día 8.

“Hay una gran disparidad y un gobierno responsable tiene que esperar a resultados definitivos para emitir una opinión”, concluyó Jiménez, quien recordó que ésta es la línea que mantienen la ONU, la UE y países como Estados Unidos o Francia.