Con el fin de reforzar la lucha contra este tipo de fraudes, la reforma de la Ley Electoral que entró en vigor en enero obliga a la Oficina del Censo a publicar el listado de estos municipios para que los representantes de las candidaturas puedan impugnar el censo de las entidades locales sospechosas.
Las candidaturas que se vean afectadas pueden presentar una reclamación administrativa ante las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo desde ayer hasta el 11 de abril.
Veintitrés localidades ni se molestaron en responder.
Destaca la provincia de Burgos, con 45 casos, la mayoría de entidades locales menores, y le siguen León, con 28, Cuenca (18), Valencia (17), La Rioja (16), Asturias (10), Zamora (10), Cáceres (8), Teruel (8), Lugo (7), Málaga (7), Salamanca (7) y Soria (6).
