La Fiscalía de Guatemala ha solicitado 75 años de prisión para el ex dictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes de lesa humanidad, según ha informado el diario 'Prensa Libre', que ha precisado que la sentencia podría dictarse mañana viernes.
Asimismo, ha pedido que se inhabilite el ejercicio de sus derechos políticos y que se revoque el arresto domiciliario de Ríos Montt (de 86 años y presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983), además de confirmar la detención preventiva de Rodríguez Sánchez ante el riesgo de fuga.
Ambos, militares retirados, fueron acusados por la Fiscalía de ser los responsables intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado interno en la década de los ochenta en el departamento de Quiché (noroeste).
La Fiscalía ha presentado esta solicitud, durante la sesión celebrada ayer miércoles, en la cual tanto el letrado de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, como el abogado de Rodríguez Sánchez intentaron, mediante una serie de acciones legales, que los integrantes del Tribunal fueran recusados. La juez Jazmín Barrios rechazó las acciones y ordenó que el juicio continuase.
El pasado lunes, la Sala Tercera de Apelaciones del Supremo había otorgado el amparo definitivo a García Gudiel, quien había presentado una recusación contra Barrios por abuso de autoridad, violación de la Constitución y prevaricación, a causa de su decisión de expulsarlo de la sala y negarle el derecho a defender al militar.
Según la Fiscalía, citada por 'Prensa Libre', Ríos Montt llevó a cabo acciones políticas contrainsurgentes de manera continuada, ordenó, autorizó e implementó planes de campaña y operativos militares, proporcionó los recursos necesarios para que las operaciones militares pudieran ejecutarse, ofreció discursos motivadores en los que exigía resultados de los planes de campaña, ejerció control sobre las acciones que se desarrollaron en el área Ixil y las supervisó con el propósito de exterminar al grupo étnico maya.
Igualmente, ha acusado a Rodríguez Sánchez de secundar las acciones de la política contrainsurgente de Ríos Montt a través de la elaboración de documentos de Inteligencia militar, del suministro de información y de recomendaciones relacionadas con el enemigo interno, entre otros cargos.
TESTIMONIOS
Durante el proceso judicial declararon 98 testigos ixiles, cuatro de los cuales no se tomaron en cuenta. Aparte, 83 personas aseguraron que el Ejército quemó sus viviendas y 54 afirmaron que miembros de las Fuerzas Armadas robaron o mataron a sus animales.
Por otro lado, otras 94 indicaron que al menos uno de sus familiares murió a manos del Ejército, 16 mujeres declararon haber sido víctimas de violencia sexual.
Aparte, ocho personas aseveraron haber sido obligadas a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), otras siete declararon haber sufrido torturas, mientras 75 dijeron que se habían visto obligados a huir y 53 denunciaron las persecuciones a las que se habían visto sometidos. La acusación ha presentado también 606 certificados de muerte relacionados con los hechos imputados.
