La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha denunciado a través de un informe publicado este viernes el asesinato de al menos 190 civiles a manos de varios grupos opositores sirios, algunos de ellos vinculados con la organización terrorista Al Qaeda, durante una ofensiva militar en la provincia de Latakia en el mes de agosto.
HRW ha indicado que al menos 67 personas fueron ejecutadas, al tiempo que ha subrayado que otras 200 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron secuestrados. Asimismo, ha hecho responsable de los sucesos a cinco grupos rebeldes concretos: Ahrar al Sham, el Estado Islámico de Irak y el Levante, el Frente al Nusra, Jaish al Muhajirin wal Ansar y Suquor al Izz.
La organización ha indicado que se trató de "una operación coordinada y planificada contra la población civil de localidades alauíes", rama del Islam chií a la que pertenece el presidente sirio, Bashar al Assad. "Estos abusos no fueron acciones de combatientes solitarios", ha sostenido el director interino para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork.
Asimismo, ha solicitado al Consejo de Seguridad que envíe inmediatamente la situación en Siria ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue las denuncias por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en el marco del conflicto. En este sentido, ha valorado que los sucesos que acaecieron principalmente el 4 de agosto en estas localidades equivalen a dichos crímenes.
"Las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en Siria han esperado demasiado tiempo para que el Consejo de Seguridad envíe un mensaje claro de que los responsables de estos horribles abusos serán juzgados", ha dicho Stork. Por último, HRW ha pedido al organismo que imponga un embargo de armas a los grupos de ambas partes contra los que haya pruebas sobre su responsabilidad en dichos crímenes.
La organización llevó a cabo una investigación sobre el terreno e investigó a más de 35 personas, entre ellas residentes que sobrevivieron a la ofensiva, miembros de los equipos de emergencia, combatientes y activistas opositores y pro gubernamentales, de cara a la redacción del informe.
En sus conclusiones, HRW determina que los comandantes locales de los cinco grupos rebeldes mencionados "podrían ser culpables de asesinato, secuestro y otros abusos", al tiempo que destaca que, respecto a los crímenes de guerra y contra la Humanidad, "habría que seguir la cadena de comando".
