Las seis comunidades autónomas gobernadas con mayoría absoluta por el PP, así como la ciudad autónoma de Melilla, justificaron ayer su abstención frente al nuevo modelo de financiación autonómica, y no el rechazo, en que el sistema aporta más recursos.

Al acabar el CPFF, el responsable de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, señaló que “lo único bueno que tiene el nuevo sistema es que aporta más recursos a las comunidades autónomas”.

De ahí que la dirección nacional del PP diera instrucciones a sus comunidades para que se abstuvieran, en vez de votar en contra.

“Pero ha sido una abstención muy crítica”, aseguró Camps, idea en la que profundizó el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, quien lamentó también los términos en los que se ha aprobado el sistema, porque “es perjudicial” para España y está lleno de “inconsistencias”.

“Que hay más dinero sobre la mesa es verdad, pero no se reparte de modo justo ni equitativo; que ha habido tortura estadística es un hecho, porque para conseguir que un catalán valga lo que dos madrileños ha habido que torturar mucho las cifras”, criticó.

Dejó claro, sin embargo, que si no ha votado en contra es porque existía una orden expresa de Génova: “Lo puedo decir más alto pero no más claro”, señaló.

Las críticas de los consejeros del PP fueron rebatidas por el titular catalán de Economía, Antoni Castells, quien defendió que el nuevo modelo de financiación “es el que conviene a Cataluña, pero, a la vez, es el mejor modelo para España”.

Castells criticó la abstención de las comunidades del PP y advirtió de que “los alineamientos no deberían ser partidistas, sino en función de las lógicas de Estado e institucionales”.

Una reflexión compartida por el consejero de Economía y Hacienda de Canarias, José Manuel Soria, del PP, quien votó a favor del nuevo modelo pese a las órdenes de su partido porque así lo decidió el Consejo de Gobierno de su comunidad.

Bajo su punto de vista, el CPFF no es un órgano constituido por partidos políticos, sino por la Administración del Estado y los gobiernos autonómicos, donde estos últimos tienen que expresar la opinión de su Ejecutivo “y no de su partido”.

Pese a que todas las comunidades socialistas respaldaron el nuevo sistema, hubo algunas voces no tan entusiastas con la reforma del modelo, como Asturias, cuyo consejero de Economía, Jaime Rabanal, se mostró sólo “moderadamente satisfecho”, porque no se han recogido todas sus exigencias.