La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), negó este viernes las esterilizaciones forzadas cometidas durante el mandato presidencial de su padre, un caso en el que está acusado como autor mediato (con dominio del hecho).
Preguntada por el indulto que ha prometido otorgar a su padre, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, Keiko Fujimori aseguró que el caso de la nueva acusación se ha llamado erróneamente como esterilizaciones forzadas.
"Fue un plan de planificación familiar", aseveró Fujimori, en referencia al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, practicado entre 1996 y 2000, donde se estima que se esterilizaron a unas 300.000 personas, aunque se desconoce cuántos fueron sometidos de manera forzosa a la cirugía.
Son numerosos los testimonios de mujeres andinas, pobres y quechuahablantes que denuncian haber sido sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento, bajo coacciones y sin el equipamiento y condiciones mínimas, lo que a algunas les causó lesiones graves e incluso la muerte.
Algo más de 8.000 personas, entre las que hay también hombres, están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
CONTUNDENTE ACUSACIÓN
Esto ha sido el núcleo de una tortuosa investigación que ha sido archivada y reabierta en diversas ocasiones hasta que ahora, unos 25 años después de los hechos, la demanda de justicia de las víctimas está a punto de llegar a un juicio.
Desde marzo, el fiscal a cargo del caso, Pablo Espinoza, está formulando su acusación en la que considera a Alberto Fujimori "el máximo y principal responsable" de las esterilizaciones forzadas.
De acuerdo al magistrado, el expresidente Fujimori era plenamente consciente de las lesiones y muertes que se producían durante la aplicación de este "plan familiar" pero, desde la cúspide de poder que representaba, no hizo nada para solucionarlo.
La acusación formulada también va con evidencias de los incentivos y metas que tenían las brigadas de este plan para cumplir con las cifras esperadas de esterilizaciones, lo que como intención implícita tendría eliminar la pobreza al evitar que hubiese nuevos nacimientos en hogares pobres.
KEIKO, A LA EXPECTATIVA
Para Keiko Fujimori, que por tercera vez consecutiva está en la segunda vuelta de las elecciones presenciales que se celebrarán el 6 de junio, todo el informe del fiscal "son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace 20 años y que se han archivado en cuatro oportunidades".
"Pero por supuesto somos respetuosos de las decisiones que de manera autónoma tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público (Fiscalía) o el Poder Judicial, y de acuerdo a eso actuaremos. Esperaremos la resolución judicial para tomar una decisión", apuntó.
En caso de indultar a su padre al llegar a la Presidencia, esa gracia también alcanzaría para los procesos penales que el exmandatario aún tiene en marcha, como son las esterilizaciones forzadas y la matanza de Pativilca (1992), en la que seis personas fueron masacradas por el grupo militar encubierto Colina.
Actualmente Alberto Fujimori, de 82 años, cumple una condena de 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de por los secuestros de un empresario y un periodista, y por la gran corrupción que se instaló en el aparato estatal.
Tras haber sido anulado el indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tuviese 94 años.
