Antonio Amarillo, coordinador Área de Agua Ecologistas en Acción Andalucía, es capaz de afinar hasta el segundo decimal de la reserva de la mayoría de los embalses de la comunidad y de las precipitaciones registradas de media en los últimos años. Confirma que, efectivamente, ha llovido menos este año y que las sequías son recurrentes en el clima mediterráneo (cita la sufrida entre 1991 y 1995, que causó verdaderos estragos en el campo y obligó incluso a tomar medidas restrictivas en el abastecimiento para consumo humano) y, además, a consecuencia del cambio climático, se alargan más. Pero advierte de que la sequía meteorológica no es la única causa que está llevando al extremo los sistemas de regulación. “Andalucía sufre una sequía estructural -denuncia- porque, a la par que han disminuido los recursos, se ha incrementado la superficie agraria que necesita regadío”.
En este sentido, puntualiza que, entre 1997 y 2020, el número de hectáreas ha pasado de 600.000 a casi 900.000, pese a que las previsiones indican que las aportaciones al sistema hídrico disminuirán hasta el año 2030 entre un 9 y un 17% según la gravedad de los escenarios contemplados como consecuencia del cambio climático.
“No podemos criminalizar a la agricultura en general, pero no se puede eludir que el consumo agraria supone el 87% de los recursos”, apunta. De manera que, si no se toman medidas, “va a haber muchos más problemas o muchas explotaciones que están condenadas a colpasar”. Por ello, plantea la necesidad de repensar el modelo. “En la campiña jerezana se está postando por el almendro o el olivar superintensivo”, advierte. En el caso del litoral, se están extendiendo los cultivos tropicales desde Málaga a provincias limítrofes, como Granada o Cádiz, pero también Huelva.
En este sentido, censura las políticas públicas que subvencionan el paso de cultivos herbáceos a leñoso, con ahorros de hasta el 45% que, además, está abriendo la puerta a la entrada de especuladores, “con capital financiero a tope pidiendo agua y mecanizando los procesos de cultivo”, de manera que esquilman los recursos y ni tan siquiera crean empleo.
Si bien considera que “la reorientación de los cultivos es inevitable”, tal y como plantean los expertos ya, pide que haya planificación. “Es preferible adoptar los cambios ahora a hacerlo obligados por la escasez de agua”, recomienda.
Y rebate dos mantras repetidos por los regantes. De un lado, niega que el riego localizado sea más eficiente. De hecho, es todo lo contrario, sostiene.
Por otro lado, rechaza que haya que potenciar trasvases, iniciativa recurrente desde los años 90 en España, o la construcción de nuevos embalses y balsas, por el elevado impacto social y medioambiental.
Finalmente, reclama inversiones en infraestructuras en los municipios de menor tamaño, descolgados en muchos casos de los grandes consorcios que planifican y garantizan los suministros y advierte de que el crecimiento desaforado de la actividad turística también pasa factura. “Solo en Cádiz hay previstas tres macrourbanizaciones, Trafalgar, Sagüesal o Atlanterra, que disparan el consumo”, concluye Amarillo.
