El informe de morosidad de la Diputación de Granada durante el primer trimestre de 2013 ha puesto de manifiesto que la institución provincial paga en la actualidad a sus proveedores en una media de 37 días. Este plazo, que está próximo a ajustarse a los 30 días que están estipulados por el Gobierno tras ser armonizada la ley de morosidad española con la directiva europea, ha disminuido progresivamente desde que tomara posesión el actual equipo de gobierno cuando, según los datos de arqueo de caja, se pagaba en una media de 112 días a los proveedores de la Institución Provincial.
Hoy, y según los datos expuestos por la diputada delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, el Servicio Provincial Tributario está pagando con solo un día de retraso, la Agencia Provincial de Extinción de Incendios con seis, y el CEMCI con tres días, mientras que en anteriores mandatos se llegaron a demorar 365 días el pago de algunas facturas. "Los datos de los organismos autónomos son muy buenos y los de la Diputación son excelentes porque bajamos de los 112 días a los 37", ha resumido la diputada de Economía.
Durante el primer trimestre de 2013 se han hecho frente a 1.974 pagos por un importe que asciende a 7.385.365 euros en lo que responde a una política de "austeridad" con presupuestos anuales que no recurren a créditos privados de los cuales "ya se están viendo sus resultados", según ha recordado Inmaculada Hernández, que ha hecho hincapié también en que la Institución Provincial hubo de afrontar el pago de 30 millones de euros el ejercicio pasado como consecuencia de los créditos bancarios pedidos por anteriores equipos de Gobierno.
En contraposición, la diputada ha destacado las medidas implementadas por el equipo de Gobierno actual para "inyectar dinero" a las empresas acogiéndose al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy gracias al cual se han pagado seis millones de euros durante el último año y medio a proveedores de los que la Diputación Provincial "amontonaba facturas en los cajones".
Este "excepcionalísimo" plan del Gobierno de la Nación ha supuesto en todo el país que cinco mil ayuntamientos se hayan podido acoger para pagar dos millones de facturas y afrontar pagos de 9.500 millones de euros, según los datos expuestos por Inmaculada Hernández, que ha destacado la importancia de estos datos para romper "un círculo vicioso de morosidad que nos lleva a la destrucción de empleo".
Además, con la aprobación del Real Decreto Ley 4/2013 que armoniza la normativa de morosidad española con la directiva de la Unión Europea en la materia, las administraciones públicas han da abonar las facturas de sus proveedores en treinta días desde que se da el visto bueno a las mismas, pudiéndose extender si hay algún tipo de inconveniente burocrático. Sin embargo, las instituciones públicas "siguen pagando en una media de 148 días", ha recalcado Hernández que ha contrapuesto la diligencia de la Diputación con sus proveedores que "tienen la garantía de que están tardando un mes y una semana en cobrar".
A la par, la Diputación Provincial sigue con la prestación de servicios e inversiones previstas gracias a un equipo de Gobierno "serio" que "sabe hacer frente a los compromisos que contrae" y que ha hecho de la "contención de gastos" uno de sus principales ejes de gestión, como ha destacado la diputada de Economía, Contratación y Patrimonio que se ha mostrado convencida, por los datos que aportan los técnicos de su delegación, que los resultados del informe de morosidad para este segundo trimestre arrojarán el dato de que la Diputación ya se sitúa en el parámetro que dicta la ley para pagar a los proveedores en un plazo máximo de 30 días.
