Francisco Ángel G.G, representante legal de la empresa Abonos y Cereales Gavilán S.A radicada en Medina del Campo (Valladolid), ha sido detenido e ingresado en prisión a fin de que cumpla los cuatro años y seis meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Granada por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil cometidos en 2007, cuando recibió de una empresa granadina más de 700.000 euros a cambio de 3.500 toneladas de fertilizantes que el condenado se comprometió a importar de Rusia y que, finalmente, no sirvió al cliente.
El empresario ha sido detenido en Madrid y ha ingresado en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real después de que, como se conoció hace ya un año, la sentencia de la Audiencia provincial granadina fuera ratificada por el Tribunal Supremo (TS), dictando el primero una providencia en la que solicitaba su encarcelamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Los hechos objeto de la citada condena se remontan al día 2 de octubre de 2007, fecha en la que Francisco Ángel G.G, en representación de la empresa medinense Abonos y Cereales Gavilán S.A, suscribió un contrato con Fertysem --defendida por el despacho Garrigues, en la persona de Luis Molero y Pedro González--, afincada en Granada capital, en virtud del cual el primero se comprometía a vender a la empresa granadina 6.200 toneladas métricas de fertilizante que entregaría, procedente de Rusia, en el puerto de Motril.
Aunque el condenado sí sirvió una primera partida en tiempo y forma, a satisfacción de ambas partes, la sentencia considera probado que no hizo lo propio con el resto de la cantidad pactada, otras 3.500 toneladas de fertilizante, por las que obtuvo más de 772.112 euros, para lo cual llegó a falsificar determinados documentos con el fin de aparentar que había realizado las gestiones pertinentes y obtenido los permisos necesarios para la importación de la mercancía.
Casualmente, sobre el condenado, que deberá pagar por dicha causa una indemnización de 772.112 euros, pesa otra condena, en este caso dictada por la Audiencia de Valladolid, consistente en una multa global de 2.700 euros por un delito de estafa cometido en noviembre de 2007, cuando importó de Rusia casi cuatro millones de kilos de fertilizante y dejó de abonar cerca de 74.000 euros en aranceles aduaneros, cantidad que tuvo que asumir la empresa intermediaria cuyos servicios había contratado previamente para que llevase a cabo las gestiones oportunas en el puerto de Bilbao.
DE NUEVO RUSIA Y FERTILIZANTES
El referido empresario es el mismo que en febrero de 2012 aceptó una sentencia de conformidad, consistente en 2.700 euros de multa, por hechos que se remontan a noviembre de 2007, cuando el representante de Abonos y Cereales Gavilán se puso en contacto con Sergusa, radicada en Bilbao y especializada en operaciones de tránsito de mercancías, para encargarle que llevase a cabo la tramitación y despacho de una partida de fertilizante a granel, con un peso de 3.950.000 kilos, importada de Rusia y que había llegado al puerto de Bilbao.
A fin de proceder al despacho aduanero de la mercancía, Sergusa solicitó al acusado que le efectuase una provisión de fondos de 73.828 euros, cantidad que incluía el arancel aduanero y el IVA correspondiente a la citada partida de fertilizante, al objeto de proceder a su pago en dependencias de la entidad aduanera de Vizcaya.
Así, el día 29 de noviembre de 2007 el ahora condenado mantuvo una conversación telefónica en la que apremiaba a Sergusa para que presentase dicha mercancía al despacho aduanero y aseguró a la mercantil que el día anterior había ordenado a La Caixa una trasferencia a favor de la intermediaria por el importe total de la operación.
Ante ello, y en la seguridad de que la transferencia había sido efectuada y los fondos iban a ser recibidos, la mercantil intermediaria pagó ese mismo día el importe global de la operación en el departamento aduanero vizcaíno, en total 74.000 euros, sin que el comprador del fertilizante abonara entonces ni un euro por el despacho de la partida.
Parte de la cantidad anticipada por la intermediaria en concepto de IVA, 39.964 euros, ya le habían sido devueltos a ésta por la Agencia Tributaria en 2009 tras la tramitación del correspondiente expediente de devolución.
