El guardia civil acusado de consultar y filtrar datos policiales ha negado este martes ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia de Granada haber realizado "nunca" una consulta interna acerca de un investigado por blanqueo de capitales ni haber dado información reservada sobre el mismo a un antiguo compañero que lo representaba como letrado.
Este último también está procesado en la causa y también ha negado durante el juicio haber realizado a su compañero alguna consulta al respecto de esta persona.
La Fiscalía les considera autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público agravado por su revelación a terceros y pide penas de cinco años de cárcel para cada uno de ellos, además de nueve años de inhabilitación absoluta para el guardia civil implicado.
En el juicio, que continuará este miércoles, el guardia civil ha dicho que "jamás" ha "consultado a ese hombre" --en relación a la persona que representaba como letrado su compañero-- si bien los ordenadores de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de Granada se compartían entre los agentes. Igualmente, ha reconocido no recordar si accedía al terminal informático desde el que se hizo la consulta --de la que no tenía "conocimiento"-- con tarjeta o de forma manual.
Ha negado por tanto haber realizado consulta alguna sobre el investigado y posteriormente detenido: "estoy totalmente seguro porque llevo cuatro años con su nombre en la cabeza", ha indicado el agente acusado, que ha reconocido que le ha "afectado mucho" estar inmerso en esta causa después de 33 años y medio de servicio.
Respecto a su antiguo compañero, ha reconocido haber tenido comunicaciones con él, en su calidad de letrado, sobre intervenciones relacionadas con vehículos que podían haber sido robados.
El segundo acusado, que mantenía una amistad con el otro guardia civil después de trabajar juntos 15 o 16 años, ha señalado que estando ya en la "reserva activa" facilitaba a su compañero datos sobre vehículos que podían haber sido robados; algo que hacía como "confidente" y sin obtener "nada a cambio nada, ningún favor ni remuneración".
No obstante, ha garantizado que "nunca" hizo "ninguna consulta" sobre su representado, que estaba investigado por blanqueo de capitales.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el cabo acusado, que estaba destinado en el subsector de Tráfico de la Comandancia de Granada, consultó en febrero de 2012 los datos policiales de esta persona a la que representaba su compañero, que ejercía como abogado, a través del terminal informático del cuerpo.
Concretamente, habría consultado supuestamente el aplicativo policial SIGO, que recoge información de operaciones policiales en curso, a las que no tenía autorización de acceso.
Posteriormente, según el fiscal, comunicó los datos por teléfono a su antiguo compañero, que a su vez los remitió por correo electrónico a su cliente, que de este modo pudo conocer su estado policial.
Investigaciones posteriores en la aplicación SIGO permitieron conocer cómo se habrían producido otras consultas en meses anteriores desde el terminal de la Agrupación de Tráfico de Granada para conocer datos policiales vinculados a esta misma persona.
Estas evidencias, que fueron obtenidas en el transcurso de una investigación por blanqueo de capitales impulsada por el Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, dio lugar a una pieza separada para investigar estos hechos.
El tribunal ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, tras retirarse en tres ocasiones a deliberar, y no ha reconsiderado la negativa a que se admitan las testificales de otros agentes de la Guardia Civil que pedía el abogado que defiende los intereses del agente.
Esta parte ha planteado, además, un informe pericial sobre el modo de funcionamiento de los ordenadores en la Agrupación de Tráfico realizado por otro cabo de la Guardia Civil ante lo que el tribunal --que no ha admitido a este agente como perito pero sí como testigo-- ha mostrado su "extrañeza" sobre que este funcionario realice un informe a petición de parte y no de un juzgado. De hecho, la presidenta del tribunal ha puesto en duda que sea "legal".
También el fiscal del caso ha advertido de que se pueden "derivar acciones disciplinarias e incluso penales" ante esta "contradicción de intereses" y ha indicado que informará a los superiores de la Guardia Civil acerca de esta circunstancia.
