El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha dictado auto de apertura de juicio oral contra nueve personas, entre ellas el exdelegado de la Consejería de Empleo en Granada Luis Rubiales, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de las ayudas públicas concedidas a Cespa y FCC entre 2006 y 2007.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta para todos los acusados por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación, así como que Rubiales, exalcalde de Motril (Granada) y padre del actual presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y otros cinco encausados indemnicen a la Junta de Andalucía con 552.444,48 euros.
El Ministerio Público pide que Cespa, Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC), la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Actividades Diversas de CCOO-Andalucía, Vitalia Vida y Holding Europeo Tindex también respondan a ese pago como responsables civiles subsidiarios, aunque el juez no manda a juicio a las dos últimas porque "carecen de actividad y solvencia".
En un auto dictado el 14 de febrero al que ha tenido acceso Efe, el juez José Ignacio Vilaplana impone además una fianza de 600.000 euros a cada procesado y a Cespa, FCC, Aselip y CCOO-A.
Los acusados, además de Rubiales, son una representante de CCOO-A; el presidente y un vocal de la patronal Aselip; los responsables de relaciones laborales de Cespa y FCC; el vocal y director de Recursos Humanos de Cespa; un vocal y directivo de FCC; y un exdirectivo de Vitalia.
La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, pide un año y medio de prisión para el exdelegado de Empleo y otros tres acusados, mientras que para otros cinco reclama dos años de reclusión.
La acusación particular ejercida por el PP-A pide tres años de cárcel para todos los encausados.
El juez acordó el pasado 30 de octubre procesar a los ahora ya acusados por esta causa, abierta en una pieza separada del caso ERE, y aclaró que no era posible depurar posibles responsabilidades penales ni procesar a Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ya juzgados por estos hechos en la pieza política de los ERE.
Las ayudas objeto de investigación fueron concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a Cespa y FCC para solventar el conflicto laboral con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada.
Pese a ser subvenciones directas a empresas, "paradójicamente se instrumentaron mediante la suscripción de pólizas de seguros, cuyo asegurado habría de ser una persona física y el beneficiario, la empresa subvencionada", proseguía el juez.
El dinero público del que se desviaron esos fondos provenían de otras ayudas otorgadas con cargo al programa 31-L, "sin sumisión a procedimiento legal alguno" y bajo la cobertura del convenio suscrito en 2001 entre Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "como medio para eludir controles legales".
Este "irregular sistema de pagos cruzados" presenta "la particularidad" de ser "especialmente opaco", ya que "no tiene reflejo en la contabilidad de IFA-IDEA ni en la de la Consejería, por lo que su existencia sólo puede detectarse en el análisis concreto de cada expediente", según el juez.
