FACUA Cádiz ha denunciado ante la Fiscalía de la provincia de Cádiz a la administradora de las clínicas Oraldent. El pasado mes de marzo, las clínicas de esta firma, ubicadas en Rota y Chipiona, modificaron su denominación comercial, y, a partir de ese momento, se negaron a prestar a los usuarios los servicios contratados, así como a asumir la garantía sobre los tratamientos ya finalizados.
La Asociación calcula que hay más de 120 usuarios afectados por el cierre de ambas clínicas que, aunque se encuentran constituidas de forma independiente (Chipiona Dental, S.L. y Laboratorio Dental Rota, S.L.), tienen a la misma persona como administradora y compartían denominación comercial (Oraldent).
Doble financiación
En su denuncia, la Asociación señala que, en la mayoría de los casos, los usuarios han pagado los servicios contratados mediante la suscripción de dos contratos de financiación con dos entidades bancarias distintas vinculados a un único tratamiento, que fueron gestionados desde las clínicas.
Dos años después de firmar el primer préstamo, y con la finalidad de reducir los intereses, las clínicas gestionaron la contratación de un nuevo préstamo, con otra entidad distinta, con el que se debía cancelar el saldo pendiente del anterior. Sin embargo, las clínicas no han cumplido dicho compromiso, por lo que los usuarios se encuentran con dos entidades bancarias distintas que le reclaman sendos préstamos a pesar de haber contratado un único tratamiento.
En su denuncia, FACUA Cádiz ha aportado a la Fiscalía recibos expedidos por una de las empresas en el que se deja constancia de entregas de dinero que éstas realizaban a los usuarios tras serle reclamados por éstos el incumplimiento de cancelar el primero de los préstamos suscritos, y con los que éstos hicieron frente al pago de las cuotas correspondientes al segundo préstamo. En estos casos, los responsables de las clínicas se excusaban ante sus clientes alegando que la cancelación del primer préstamo se estaba tramitando.
La Asociación también ha formulado denuncia contra ambas empresas ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo, está reclamando a las entidades bancarias con las que los usuarios suscribieron el segundo de los préstamos la cancelación de éstos.
Tratamientos sin finalizar
En algunos casos los usuarios no sólo tienen que afrontar un problema económico sino que, además, se enfrentan al grave riesgo que para su salud supone la interrupción de los tratamientos.
La Asociación señala que, en estos casos, los usuarios deben reclamar a las empresas la finalización de los tratamientos contratados. A tal efecto, los usuarios pueden recabar la colaboración del Colegio de Odontólogos de la provincia de Cádiz, que, gratuitamente, está coordinando la realización, por parte de sus colegiados, de un examen buco-dental para delimitar qué parte de los presupuestos financiados o cobrados por dichas clínicas estaban ejecutados, lo que les permite cuantificar el posible perjuicio económico ocasionado.
