El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar ha condenado a una mujer por un delito leve de amenazas contra una profesional del Centro de Salud sanluqueño de Barrio Alto. Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de noviembre, cuando una usuaria entró en la consulta de la profesional y le profirió expresiones amenazantes.
La jueza considera a la acusada autora penalmente responsable de un delito leve de amenazas a la pena de 45 días de multa con una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Asimismo, le impone la pena de prohibición de aproximación, en una distancia no inferior a 150 metros, a la profesional, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro donde pudiera encontrarse, y de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento escrito, sonoro, visual, informático, telemático o de cualquier otra naturaleza, en ambos casos, por tiempo de seis meses.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, al que pertenece el Centro de Salud Barrio Alto, condenan este tipo de episodios violentos, sea cual sea su naturaleza, y valoran positivamente el respaldo judicial en sus fallos a estas denuncias que, en algunos casos, han dictaminado penas de cárcel e, incluso, orden alejamiento contra el agresor.
Los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan desde 2020, tras un acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad, con un renovado Plan de Prevención y Atención de Agresiones para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución del total de estos ataques verbales o físicos.
Este plan de agresiones incorporó como novedad un programa especial de acompañamiento al personal agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas; esta figura del ‘profesional guía’ tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.
También habilita canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales
