La concejal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, María José Valencia, ha sido cesada de sus cargos de Gobierno municipal tras conocerse su presunta vinculación con el caso ‘Bahía competitiva’ que investiga una supuesta red que habría defraudado más de 14 millones de euros de dinero público.
El caso, que instruye la juez Lourdes del Río, ha avanzado esta semana después de dos años de investigación, con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, del que Valencia fue vicepresidenta durante los años en los que supuestamente se produjeron las estafas, en el punto de mira.
María José Valencia fue llamada a declarar por la Unidad de Delitos y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla el pasado miércoles. Tras prestar declaración acompañada por su abogado, los investigadores informaron a la concejal de su imputación en el caso, por lo que se le abrió incluso ficha policial. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la afectada sin que fuera posible, ya que su número de teléfono aparecía desconectado.
CONSECUENCIAS
La imputación de Valencia en el caso - aún no formalizada por la jueza- ha conllevado una serie de reacciones en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar en las últimas horas. Varias e intensas han sido las reuniones mantenidas entre la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, y la edil tras conocerse su supuesta relación con el caso y su previsible imputación judicial, a tenor del avance de las investigaciones. Fruto de estas reuniones y del gabinete de crisis celebrado esta misma mañana entre los miembros del Gobierno municipal de PSOE y CIS, en la que según las fuentes consultadas, asistió Valencia, se ha tomado la decisión de cesar temporalmente en su cargo como delegada municipal de la Vivienda a la concejal socialista, que hoy mismo ha recibido la notificación que comunicaba su cese de forma cautelar hasta que la jueza se pronuncie sobre su relación o no con este asunto. Desde el Consistorio han querido actuar con firmeza y cautela ante la supuesta implicación de una de sus concejales en el Gobierno en un presunto caso de corrupción.
María José Valencia ocupó la vicepresidencia del IEDT desde el año 2007 hasta 2011, fechas en las que fue diputada provincial de Empleo bajo la presidencia de Francisco González Cabaña de la institución provincial. El IEDT actuaba como evaluador de los proyectos presentados para acceder a las subvenciones aprobadas por el Ministerio de Industria para favorecer la instalación de empresas en la provincia de Cádiz. La juez investiga la supuesta connivencia de la Administración para que los empresarios, entre los que se encuentra Alejandro Dávila Ouviña -ahora en prisión- recibieran una lluvia de millones sin acreditar las inversiones para, supuestamente, blanquear el dinero.
SU PAPEL EN EL IEDT
El nuevo Gobierno del Partido Popular en la Diputación provincial de Cádiz, remitió a la Fiscalía meses después de su llegada al poder, la gestión realizada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de Diputación, y las presiones que soportó, en la tramitación de los expedientes de ayudas del Ministerio de Industria dentro del Plan de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz de 2011. El IEDT forma parte de la comisión integrada por la Agencia IDEA y el Plan Bahía Competitiva para la evaluación de la concesión de las ayudas de acuerdo a los criterios objetivos establecidos por Industria. En una reunión en marzo de 2011, el director de la Agencia Idea, Antonio Perales, hermano del desaparecido alfonso Perales y primo del ex consejero Luis Pizarro -ahora imputado-, expresó su consideración sobre que algunos de los proyectos presentados deberían recibir un mayor porcentaje de crédito en la valoración otorgada. Los técnicos del IEDT se negaron a los requerimientos de Perales, e informaron a la diputada María José Valencia, quien apoyó a los técnicos del IEDT.
