Los tres principales acusados de estafar a 19 personas con falsas subastas judiciales se han culpado unos a otros como "director de orquesta" del timo y autores de la idea de hacerse pasar por jueces o fiscales para ganarse la confianza de las víctimas.
Por esta causa que investiga el juzgado de instrucción 11 de Sevilla hay tres acusados en prisión y otros tres en libertad, como autores de al menos 19 estafas en las que las víctimas les entregaron hasta 240.000 euros entre agosto de 2008 y noviembre de 2011.
Varios de los imputados, presuntamente, se hacían pasar por juez, fiscal, administrador judicial o "persona que mandaba en los juzgados", lo que supuestamente les permitía "agilizar las subastas", y además recibían a sus clientes y les cobraban en unos despachos del Colegio de Abogados en el Edificio Viapol de Sevilla, sede de los juzgados de lo civil.
La juez tomó declaración la semana pasada a los tres encarcelados, una vez levantado el secreto sumarial, y les imputó unas estafas en las que entregaban unas supuestas "Actas de Adjudicación" y "Diligencias" con sellos falsificados de los juzgados de primera instancia 1, 18 y 25 de Sevilla.
En el texto de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Aitor I.A., camarero de profesión, negó hacerse pasar por fiscal "o cualquier otra persona con condición jurídica" y culpó a Pedro G.C., quien "se jactaba de tener compañeros fiscales y funcionarios que le facilitaban documentación".
Afirmó que Pedro G.C. le citaba en lo que creía que era su despacho del Edificio Viapol y que pensó que realmente era perito judicial porque los guardias civiles de la puerta del juzgado "le saludaban con familiaridad".
Manuel L.A., titular de una gestoría en la provincia de Huelva, negó a la juez haberse hecho pasar ante los clientes como agente judicial y culpó a Pedro G.C. de ser "director de la orquesta" y "el organizador de todo, quien hacía y deshacía", ya que él "no hablaba con los clientes de las subastas".
Negó haber elaborado textos judiciales falsificados y únicamente reconoció haber entregado a las víctimas la documentación que previamente le daba Pedro.
Este último acusado aseguró a la juez que "no conocía las estafas orquestadas" por Manuel L.A., que "llevaba la voz cantante y era quien daba la cara con los clientes", ya que él se limitó a hacerle peritaciones por las que solo cobró 3.000 euros en una ocasión.
Sí reconoció que, por indicación de Manuel L.A., pidió a Aitor I.A. que "se hiciera pasar por fiscal para que los clientes tuvieran confianza en las subastas", por lo que lo presentaba como tal en sus entrevistas.
Varios afectados han relatado a la juez que Pedro G.C. les prometía una vivienda o vehículo en subasta judicial, presentaba a sus "colaboradores" como fiscal o secretario judicial que podían "agilizar" los trámites y los afectados le entregaban allí mismo dinero el efectivo para afianzar la compra.
El abogado de Aitor, Julián Rabadán, ha pedido su libertad pues entiende que de las declaraciones citadas se desprende que "no participó en ninguna de las presuntas estafas, ni recogió ni se apropió del dinero de los perjudicados, ni ayudó directa o indirectamente a cometer los hechos".
"Mi cliente es una víctima más a la que, sin tener él conciencia de ello, han colocado como figurante", ha dicho a Efe Rabadán, quien ha recordado que solo cuatro víctimas mencionan a su cliente mientras que Pedro "está en todas las estafas y Manuel en casi todas".