El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco de la demanda promovida por las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', por presunta vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos en el desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha prorrogado 24 horas el plazo habilitado para que las autoridades españolas informen a la institución de los aspectos reclamados.

   Hasta el momento, y merced a las peticiones de la propiedad de las viviendas, el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado el desalojo forzoso de las viviendas a cuenta de un presunto delito de usurpación de las mismas y, en un segundo auto, ha instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento a dicha orden.

   Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, había elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo. Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.
HASTA ESTRASBURGO

   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de un escrito fechado el pasado miércoles y recogido por Europa Press, daba cuenta del recibimiento de la demanda y su asignación a una sección concreta, cuyo presidente ha considerado necesario "obtener" de las autoridades la "información" relacionada con el asunto.

   "¿Cuáles son las medidas que las autoridades (...) han pensado adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?. En particular ¿Qué soluciones propondrán y con qué plazos?", exponía el escrito inicial en cuanto a la información solicitada a las autoridades involucradas en el conflicto.

   Las autoridades, según el escrito, habían sido invitadas "a suministrar la información antes del 11 de marzo (este martes) a las 16,00 horas". Después de que el Ministerio de Justicia haya solicitado 24 horas más para aportar la información solicitada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado tal extremo y ha prolongado el plazo hasta las 16,00 horas del miércoles de esta semana, según un nuevo escrito del tribunal recogido por Europa Press.

VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012

   Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

   Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

   Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.

LA 'CORRALA UTOPÍA'

   Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

   Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.