La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense, Dolores De Pablo-Blanco, ha defendido este martes que los servicios sociales comunitarios encargados de la aplicación de la Ley de Dependencia están funcionando tras la contratación el pasado viernes de los 26 trabajadores y trabajadoras sociales. Mientras los 14 auxiliares administrativos de este servicio siguen a la espera de ser contratados, la concejal defiende la "apuesta" del gobierno local por este servicio.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha contado con numerosos borradores, implica una adaptación de las administraciones locales a una nueva regulación que reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos aspectos como el urbanismo, la vivienda protegida o el medio ambiente urbano. Por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.
Merced a la nueva regulación, que incide especialmente en los programas cofinanciados entre el Ayuntamiento y otras administraciones para aspectos como los servicios sociales o el empleo y que cuenta con este año como periodo de transición, el Consistorio hispalense paralizó a comienzos de año tres escuelas taller cofinanciadas junto con la Administración autonómica, pues la Intervención General había emitido un reparo al expediente de contratación de los 18 monitores bajo la premisa de que la nueva ley no permite librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio. La situación fue solucionada al decidir finalmente el Gobierno local levantar dicho reparo.
LOS TRABAJADORES DE LA AYUDA A DOMICILIO
La situación, como denunciaba CCOO, fue la misma en el caso de unos 40 trabajadores sociales y auxiliares administrativos contratados por el Ayuntamiento, merced a fondos autonómicos y estatales, para la prestación de los servicios sociales comunitarios ligados a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Ley de dependencia. El pasado viernes, en ese sentido, fueron contratados finalmente los 26 trabajadores sociales de este grupo de personas, pero siguen sin empleo las 14 auxiliares administrativas asociadas a este servicio porque serían sus salarios, precisamente, los que están sujetos a la financiación municipal.
Dolores De Pablo-Blanco, en ese sentido, esgrime en un comunicado que "el programa de refuerzo del personal para la dependencia ya está puesto en marcha con 26 trabajadores sociales a jornada de 5,5 horas diarias, es decir, media hora más de lo que había antes". "Esto prueba que a este Ayuntamiento le preocupa la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Aportamos más de seis millones de euros al año y además tenemos que sufragar alrededor de 1,5 millones de euros mensuales que corresponden al coste autonómico de la dependencia y que este Ayuntamiento afronta en solitario y de manera íntegra debido a que la Junta de Andalucía no anticipa su aportación como debe".
Del mismo modo, De Pablo-Blanco ha recalcado además que "hay que pagar de manera puntual a los empleados para que el servicio que se preste sea de calidad" y ha destacado que "desde hace dos años y medio cumplimos de manera puntual y anticipada en la prestación del servicio de ayuda a domicilio, para lo que destinamos alrededor de dos millones de euros al mes y no tenemos paralizado nada, como dice nuevamente el PSOE, aunque se equivoca porque no es así".
PRORROGADO EL CONTRATO
Además, la delegada de Familia y Asuntos Sociales ha señalado que "hace un mes ya se acordó en Junta de Gobierno la aprobación de la prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que este servicio se viene prestando con absoluta normalidad y tranquilidad, y no hay nada paralizado como tanto critica el portavoz del PSOE".
Asimismo, De Pablo-Blanco ha recordado al PSOE que "lo que debe de exigirle a sus compañeros de partido que gobiernan en la Junta de Andalucía es que abone y anticipe como debe su aportación para la puesta en marcha del servicio de ayuda a domicilio, puesto que a día de hoy la deuda asciende a más de cinco millones de euros a día de hoy". Además, la concejal de Familia y Asuntos Sociales ha recalcado que "la Junta de Andalucía, desde la puesta en marcha de la Ley (2006), año tras año, viene publicando a finales de año los acuerdos del Consejo de Gobierno acordando los criterios y distribuyendo los créditos a transferir a los ayuntamientos al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a las personas en situación de dependencia. Pues bien, para la presente anualidad, como el PSOE conoce perfectamente, dicho acuerdo se publicó el día 16 de enero de 2014 con 16 días de retraso, lo que ha motivado mayor complejidad para su puesta en marcha, que ya está funcionando".
