El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una modificación de su presupuesto general de 2014, para aplicar este año los famosos 39,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2012, aprobando también por unanimidad las bases reguladoras para la distribución de todo este dinero entre los ayuntamientos de la provincia.

   En su última sesión de 2013, el pleno de la Diputación revocó, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, el acuerdo plenario previo que, merced a la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinaba a la "amortización anticipada de deudas" los 39,3 millones de euros correspondientes al superávit de la liquidación del presupuesto de 2012.

   El nuevo acuerdo, en paralelo, implicaba una adhesión a una disposición incorporada a la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público, que estipula "reglas especiales" para el gasto del superávit presupuestario, al objeto de destinar a "inversiones financieramente sostenibles" los citados 39,3 millones de euros, extremo que debe ser consumado durante 2014.

   Dado el caso, y al objeto de trasladar la maniobra al plano administrativo, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad una modificación de sus presupuestos de 2014 por valor de 40.896.701 euros, para canalizar la aplicación del superávit de 2012, aprobando también por unanimidad la "distribución municipalizada" de estos fondos a través de un "plan complementario" valorado en 39.295.774 euros y dispuesto "en la misma proporción" que el Plan Provincial Bienal 2014/2015.

   Los proyectos técnicos básicos y de ejecución a promover por los ayuntamientos con cargo a este fondo se entregarán en la Institución Provincial hasta el plazo máximo del 30 de mayo, conforme también a las propuestas priorizadas, en concreto obras referidas a saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; vías públicas; parques y jardines; caminos vecinales; y gestión del patrimonio, aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

   La adjudicación de todas las obras podrá realizarse hasta el 1 de octubre de este año, de tal forma que antes de finalizar el ejercicio las inversiones estén ejecutadas.

   A la hora del debate plenario, PP, IU-CA y PA han avisado de que las bases reguladoras de la distribución no responden a criterios "equitativos" y, especialmente el PP, han manifestado su temor ante la posibilidad de que determinados municipios sean "discriminados" en favor de otros. "Hay diferencias importantes entre municipios de igual población y de la misma comarca", ha lamentado también Juan de la Rosa en nombre del PP, toda vez que las fuerzas de oposición han coincidido a la hora de discrepar del reparto específico decidido por el Gobierno socialista de la Diputación.

   El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y la diputada socialista Trinidad Argota han defendido, en ese sentido, que en efecto no prima "el criterio poblacional" a la hora de repartir los fondos, pues aplicar la "cohesión" territorial implica arropar más "a los municipios más pequeños y más alejados", si bien de cualquier modo "se aplican los mismos indicadores que en los planes provinciales".

   Negando cualquier reparto "arbitrario", Villalobos ha avisado de que un reparto de fondos estrictamente sujeto al criterio poblacional ocasionaría que "Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera se lo lleven todo", preguntando retóricamente "qué hay" de los municipios pequeños como El Madroño o San Nicolás del Puerto o las entidades locales autónomas, pues "la película, le pese a quien le pese, es que los municipios pequeños tengan las mismas instalaciones y equipamientos que los demás".