La Junta de Andalucía pondrá a disposición de la familias afectadas por el desalojo de la corrala La Utopía seis viviendas sociales que tiene disponibles en Sevilla y ha exigido al Ayuntamiento que "cumpla" con la legalidad y ofrezca otras 16 de las 528 que tiene actualmente vacías.

El viceconsejero de Fomento y Vivienda de la Junta, José Antonio García Cebrián, ha expuesto esta situación después de inscribir en el registro municipal un documento en el que detalla las obligaciones legales de ambas administraciones tras el auto judicial de febrero que ordenaba el desalojo de las 22 familias.

"En el auto se conminaba a las administraciones con competencia en vivienda a proveer lo necesario para que las familias en riesgo de exclusión y los menores no se queden en el desamparo", ha explicado el viceconsejero en declaraciones a los periodistas.

Con este criterio, García Cebrián ha concretado que la Junta tiene seis viviendas públicas en el término municipal de Sevilla para ponerlas a disposición de los afectados y ha exigido al Ayuntamiento que "haga lo propio" y aporte 16 de las 528 viviendas que tiene vacías en su parque residencial.

En el escrito presentado en el registro se aporta documentación de esas viviendas desocupadas y sin contrato, documentos que prevé presentar a lo largo de día tanto a las 22 familias afectadas por el desalojo como a los grupos políticos del Ayuntamiento hispalense (PP, PSOE e IU).

Además de criticar al Gobierno municipal que preside el alcalde popular Juan Ignacio Zoido por su actitud ante una situación que estaba "casi resuelta" con el acuerdo de todas las partes, el viceconsejero no ha dudado en señalar que Ibercaja, la propietaria del edificio desalojado ayer, "se ha salido con la suya y desentendido de estas personas".

"El desalojo ha sido sorprendente porque ha venido sin comunicación a la Consejería de Fomento ni al Defensor del Pueblo, instituciones que estaban el grupo de trabajo para buscar la solución", ha explicado.

No obstante, el viceconsejero ha insistido en la idea de que ahora "lo que procede es cumplir con la legalidad que recoge el auto judicial y proveer de lo necesario a estas familias" de la manera "más urgente posible".

Por ello, ha instado al Ayuntamiento a que precise de manera rápida cuales son las 16 viviendas que va a destinar para estas personas que, junto con las 6 disponibles de la Junta, posibilitaría el realojo de las 22 familias afectadas en viviendas públicas mediante un alquiler social.

"Ningún poder público puede no acatar un auto judicial que nos conmina a proveer lo necesario para que esta gente no esté en la calle", ha advertido García Cebrián.