La jueza que investiga el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha pedido a la Fiscalía que presente, en un plazo de diez días, su escrito de conclusiones sobre la venta de suelos de la lonja, una petición que hace casi once meses después del auto de procesamiento dictado contra 16 acusados.

Fuentes de caso han explicado que la petición de la jueza se extiende a la Fiscalía y al resto de las partes personadas en la causa.

La jueza dictó el 20 de diciembre de 2013 un auto de procedimiento abreviado por la venta fraudulenta de los terrenos del mercado contra Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde de IU, y otras 15 personas.

En el auto, la jueza acusa a los altos cargos y a funcionarios municipales procesados por haber hecho supuestamente "un concurso a la medida" de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas presentadas de modo que "beneficiaron ilegítimamente" a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga.

En su auto de diciembre pasado, que en principio suponía el final de la primera de las macrocausas que instruye la jueza Alaya, la magistrada daba diez días al fiscal y a la acusación particular para que presentaran sus escritos de calificación contra los procesados.

Además de Torrijos, entre los procesados estaba el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena, y Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Además son acusados los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y los empresarios de Sando -matriz de Sanma- José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró.

A los delitos de prevaricación y falsedad, Alaya añade otro de asociación ilícita, pues algunos de los imputados "se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet para realizar cada uno su ilícito cometido".

El auto relata que ante la situación económica "particularmente grave" de Mercasevilla en 2004, los acusados se pusieron en contacto con Sanma para ofrecerle la compra de sus terrenos, pues ante la inminencia de su traslado se generaba una "amplitud de negocio importante", derivada de la bolsa de terreno que dejaría y la operación de traslado y construcción de la nueva sede.

Los acusados primero consiguieron que Sanma se hiciera con los derechos de superficie que tenía la empresa Larena y luego diseñaron un concurso "a la medida de Sanma" que contó con la oposición del secretario del Ayuntamiento, partidario de la subasta pública ajustada a los procedimientos de licitación pública, según el auto.

La fórmula del concurso, "propugnada sin el menor debate por Rodrigo Torrijos", permitía conducir el resultado hacia Sanma, a la que además se benefició mediante una cláusula de limitación al alza que "penalizaba extrañamente" las ofertas superiores al 10 por ciento de la media de las restantes, según el auto.

Dicha cláusula no estaba en el pliego aprobado en la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla de noviembre de 2005, pero se metió "de rondón" por Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Crespo en una reunión "meramente formal" del Consejo de Administración, añade Alaya.